Juicio del 'caso Estación de Autobuses'

Los siete acusados declararán durante los dos próximos días

  • Fiscalía y acusación solicitan prácticamente las mismas peticiones de cárcel.

En cierto aspecto se puede decir que el juicio por el 'caso Estación de Autobuses' comenzará de verdad hoy, cuando suban al estrado los acusados para aportar el conocimiento que tengan de los hechos que se juzgan: la presunta venta de la estación de autobuses de Madre de Dios a un precio muy inferior al de mercado.

El orden en el que testificarán los siete acusados -Pacheco, el empresario ubriqueño José Luis López, su socio Francisco Chávez, un ex gerente de Emusujesa y tres presuntos testaferros- no está claro, aunque ayer se rumoreaba la posibilidad de que sea precisamente el gerente quien abra el turno de declaraciones, para que acto seguido sea Pacheco quien acceda al estrado.

Un hecho destacable es que las dos acusaciones presentes en el caso sostienen las mismas acusaciones excepto en el caso del ex gerente de Emusujesa, para el que el Ayuntamiento no pide condena al considerarlo inocente de los cargos que pesan en su contra.

Está previsto que a primera hora de hoy miércoles el tribunal decida sobre la resolución de las cuestiones previas que fueron planteadas ayer por las partes en litigio y se pase a las ya comentadas declaraciones de los imputados en la causa.

Las supuestas irregularidades cometidas en la venta de la antigua estación de autobuses en 2006, cuando Pacheco era delegado municipal de Urbanismo y vicepresidente de la empresa municipal del suelo le valen una petición de prisión de siete años, tras ser acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude en la administración y falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito de estafa.

La acusación fiscal que ejerce el ministerio público dice literalmente que "se concertaron para beneficiar de manera arbitraria y con bienes públicos" a una determinada sociedad "en perjuicio económico de la propia administración".

El fiscal Anticorrupción considera que había un plan perfectamente tramado que se siguió "con desprecio total de las normas administrativas y legales", "evitando la posible concurrencia, licitación o intervención de terceros en términos de igualdad" y "con grave perjuicio al patrimonio público al enajenar un inmueble percibiendo un precio considerablemente inferior al que le correspondía por su valor de mercado".

La venta de la estación de autobuses, así se sostiene, se cerró en 2,7 millones de euros "cuando el valor real del mercado de la finca nunca podía ser inferior a 4,4 millones de euros".

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