Los agricultores y ganaderos tomaron las calles a principios de 2020 en unas movilizaciones multitudinarias para exigir unos precios justos por los alimentos que producen. La pandemia provocó la desconvocatoria de las movilizaciones, no así de esta reivindicación histórica del sector, que reclama un reparto justo del valor de los productos en su camino del campo a la mesa frente a la prolongada caída de precios y rentas, el incremento de los costes, la volatilidad del mercado y el descontrol de las importaciones.

¿Cómo es posible que un agricultor perciba menos de 20 céntimos/kilo por una sandía que el consumidor final paga más de un euro?. La diferencia en este caso, uno de los recogidos en el último Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora Coag, correspondiente al mes de junio, supera el 400% sin que el productor llega siquiera a cubrir costes, que según los datos de la organización agraria, rondan los 40 céntimos en esta fruta.

Y lo mismo ocurre con el melón, los pimientos, la calabaza, las coles o el calabacín, aunque los casos más sangrantes dentro de los productos agrícolas según el último IPOD conciernen a la cebolla –el consumidor paga un 1.386% con algo más de un euro/kilo frente a los 7 céntimos del precio en origen–, la ciruela –incremento del 808%, de 0,38 a 3,45 euros/kilos, el ajo –785%, de 0,65 5,75 euros/kilo– y el limón –que pasa de 0,31 a 2,30 euros/kilo con un diferencial del 642%–.

En líneas generales, el IPOD de junio indica que el desembolso que realiza el consumidor está cinco veces por encima del precio medio de los productos agrícolas en origen, mientras que en las carnes y productos ganaderos el precio se triplica.

El precio de productos cárnicos se triplica según el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora Coag

Ante esta situación, Coag reclama al Gobierno firmeza en la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria y más control para poner fin a unos precios ruinosos y a los abusos que se plasman mes a mes en el IPOD ante la falta de unos índices oficiales de precios y costes que sirvan de referencia para la fijación de precios, siempre con el objetivo de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, y nunca por debajo de los costes de producción.

“Todos los productos de temporada están mal salvo el tomate de ensalada”, el único que parece remontar en las subastas de las principales cooperativas hortícolas de la provincia con una cotización a finales de la última semana de entre 0,70 y 1 euro/kilo, lamenta Miguel Pérez, secretario general de Coag-Cádiz.

Una tendera entrega la compra a un cliente el pasado sábado en el mercado central de abastos de Jerez.

El responsable agrario reprueba los bajos precios que perciben los agricultores en un momento especialmente difícil para el sector, agudizado por la caída del turismo a causa del desorbitado incremento de los contagios por la coincidencia de la quinta ola de la pandemia con el inicio de la temporada estival. “Los agricultores se quejan de que faltan muchas bocas que alimentar porque no hay reactivación del sector turístico y encima está el problema de las importaciones descontroladas de productos de países terceros, sobre todo de pimientos, tomates, sandías y melones de Marruecos, que está haciendo mucho daño”.

Agricultores y ganaderos dieron el callo tras la declaración del estado de alarma para garantizar el suministro de alimentos a la población, durante y después del confinamiento, sin recibir nada a cambio. El sector no quiere medallas ni compensaciones; simplemente exige un reparto justo y equitativo, que se valore la inversión y el riesgo que asumen los agricultores y ganaderos para, a partir de ahí, conformar los precios de abajo arriba, incorporándole en los siguientes eslabones de la cadena el valor que aportan hasta llegar al consumidor.

“Los bajos precios en origen no tienen traslación en el bolsillo de los consumidores; da igual que compren en grandes superficies o en pequeñas tiendas de barrio, pues se van a encontrar con precios desorbitados frente a lo que recibe el productor –muchas veces con ventas a pérdidas, práctica igualmente prohibida por una ley que los intermediarios incumplen de manera sistemática–, y la gente lo paga porque de lo último que se van a quitar es de comer”, critica Miguel Pérez.