Poco antes de las diez y media de la mañana, un autobús de Autos La Valenciana arriba a la explanada donde se cruzan la cañada de Lomopardo con la Cuesta del Infierno. Este paraje se encuentra en el extremo noroeste de El Mojo, una barriada rural situada a escasos ocho kilómetros de la venta La Cartuja, en la margen izquierda de la autovía Jerez-Los Barrios. En una marquesina hecha de ladrillo, una veintena de vecinos, muchos de ellos niños, van a pasar un día en la playa. Este servicio de autobús forma parte de un programa puesto en marcha hace unos años por el Ayuntamiento para facilitar a los jerezanos de la zona rural sus desplazamientos al litoral a precios económicos.

Ahora bien, no todos los allí congregados esperan el autobús sino a un redactor y a un fotógrafo del Diario que han quedado con la delegada de Alcaldía, Soraya Toledo, para hablar de su barriada. Este enclave ha sido protagonista en estos días tras la polémica por el regalo de una lavadora de segunda mano que hizo el PP a una familia necesitada. Fue una ayuda puntual que la representante de los vecinos gestionó directamente y que sigue defendiendo a pesar de las críticas recibidas. Eso sí, populares y socialistas aprovecharon esta circunstancia para lanzarse los trastos. Así, mientras los primeros ejemplificaban en este caso lo que consideran la dejadez municipal con la zona rural los segundos hacían circular por las redes un montaje gráfico con las inversiones realizadas en El Mojo durante los últimos tres años. Mientras, la familia ayudada ha decidido quedarse al margen de cualquier contacto mediático al haberse visto desbordada por una controversia política.

En cambio, los vecinos que se han reunido en torno a la marquesina del autobús convocados por la delegada de Alcaldía no dudan en aprovechar el interés surgido a resultas del famoso regalo de la lavadora para poner el foco en los problemas que arrastra la barriada desde hace décadas. Su principal exigencia es que se consideran que el Ayuntamiento no les trata como al resto de jerezanos; incluso, los congregados se ven discriminados respecto a otros vecinos del mismo enclave. El motivo no es otro que muchos de ellos siguen sin poder legalizar sus viviendas y engancharse a los suministros de luz y agua. Hartos de escuchar anuncios y promesas, no dudan en mostrar su indignación e impotencia. Aseguran que llevan muchos años esperando a arrinconar en el olvido los generadores de electricidad alimentados con gasoil y los depósitos de agua en sus viviendas. Por ello, una vecina sentencia: "La de El Mojo es la barriada más abandonada de Jerez; aquí no nos ayudan para nada".

El Mojo es un enclave cuyos habitantes siguen viviendo fundamentalmente del campo, ya sea trabajando en las grandes fincas aledañas, aprovechando las temporadas agrícolas o bien dedicándose a labores ganaderas. Eso sí, la construcción sigue siendo también otro importante sustento. En el enclave residen unos 135 vecinos, según el padrón de habitantes de 2017. En lo que va de siglo, y al igual que ha ocurrido en otras zonas rurales, sufre una progresiva despoblación -una cuarta parte desde 2000-. Desde un principio, quieren mostrar que El Mojo no es uno de esos enclaves que surgieron como la típica 'parcelita' con piscina para disfrutar los fines de semana. Una apostilla: "Yo llevo aquí viviendo desde 1989". Y hay otra que, para ejemplificarlo, recuerda a una vecina de 95 años que falleció en marzo y llevaba toda su vida allí. Por ello, agrega: "No es justo que en 2018 sigamos viviendo así".

La dispersión geográfica de El Mojo ha hecho que este sea uno de los núcleos con menor densidad de población del Jerez rural. Oficialmente, la barriada comienza en el kilómetro 16 de la antigua carretera a Medina, la que se conocía como 'Ruta del Toro', y se extiende de manera lineal a lo largo de la cañada de Lomopardo durante algo más de kilómetro y medio. Los de la parte de "arriba", tal y como señalan estos vecinos -son los situados en los alrededores de la conocida venta de El Mojo- y los de "abajo" son los que dicen sentirse discriminados desde hace décadas. "Aquí falta unión vecinal porque los de arriba no nos apoyan tanto como nosotros le apoyamos a ellos", advierte una joven.

El vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado en 2009, estableció la fórmula de legalización y, por ende, de acceso a estos suministros de las edificaciones que aún no lo tienen. Para ello, y al igual que otras barriadas rurales, se le dio al enclave la catalogación urbanística de hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable reconociéndose así su evidente vinculación agrícola. Para ello, en 2014, con el PP en el gobierno, se aprobó el correspondiente plan especial, el documento urbanístico que establece los parámetros que deben cumplirse para un proceso de legalización. Sin embargo, el planeamiento recibió un informe desfavorable de la Consejería de Medio Ambiente ya que el Ayuntamiento no había elaborado un estudio medioambiental obligatorio. A día de hoy, la Delegación de Urbanismo no lo ha encargado por lo que el procedimiento de regularización está paralizado.

Esto imposibilita, además, cumplir con otra exigencia de estos vecinos, el asfaltado del camino. "Cuando aquí hay levante los niños no pueden ni jugar del polvo que hay", señala la delegada de Alcaldía. El carril que aún queda por asfaltar es un tramo de la cañada de Lomopardo que hace más de diez años se alquitranó unos 800 metros, justo hasta la confluencia con la Cuesta del Infierno. Soraya Toledo añade: "El asfalto se puso en tiempos de [Pedro] Pacheco pero no nos dicen porque se hizo hasta ahí; y ahora dicen que es una vía pecuaria" . El camino está alumbrado por unas farolas alimentadas con placas solares, aunque señalan que la iluminación que proyecta es mínima.

Pero varios de los vecinos que acuden a esta cita con este periódico tienen un problema añadido. Sus viviendas se encuentran a menos de un kilómetro de lo que administrativamente se considera que es la barriada de El Mojo por lo que se encuentran 'tierra de nadie'. "¿Por qué dicen que hasta aquí es El Mojo ?. Yo llevo aquí viviendo desde hace muchísimos años y me considero de El Mojo", señala con indignación Ángeles Conte, una de las afectadas. Su vecino, Manuel Amaya, que lamenta que el Ayuntamiento diga que su vivienda sea de "La Ina", rememora cuando fue a Cádiz hace unos años junto a un "alcalde" de El Mojo para intentar arreglar los papeles para tener agua. "Lo llevé yo en coche, pagué la comida y, al final, no me dieron el agua y a otros sí le pusieron el contador", rememora. Su mujer no oculta su enfado mostrando los cuatro depósitos de agua que tiene a las puertas de su casa y que le sirven no solo para el consumo doméstico sino para atender su rebaño con 600 cabezas. "¿Por qué me tengo que seguir duchando con una jarrita de agua cada día?", se pregunta.