Coincidiendo con el final de siglo, en noviembre de 2000 entró en servicio el túnel del trasvase Guadiaro-Majaceite. Con este nuevo aporte de caudales a la red de embalses de la provincia de Cádiz, quedó completada la capacidad de almacenamiento de agua en un total de 1.800 millones de metros cúbicos de agua, lo que nos convierte en la tercera provincia andaluza en capacidad de embalse. Con ello culminó todo un siglo de dotación de grandes infraestructuras para garantizar el abastecimiento de agua para la población, para nuestros campos y para el resto de actividades productivas necesitadas del uso de este recurso natural.

Sin duda, desde aquella lejana fecha (1902) en que a instancias del Ateneo jerezano se redactó en Jerez el proyecto de la primera presa de la provincia (Guadalcacín I), hasta el momento actual, ese incremento continuado del agua disponible ha resultado decisivo para nuestro desarrollo económico y para la mejora de la calidad de vida de la población gaditana experimentada durante ese periodo. Una población, la de la provincia de Cádiz, que se ha triplicado a lo largo del siglo XX hasta llegar a los más de 1.200.000 habitantes actuales.

Ese momento coincide con una toma de conciencia generalizada sobre la necesidad de hacer un mejor uso del agua. Ante una demanda que crece de forma continuada y teniendo en cuenta el agotamiento hidrológico de nuestros ríos, el deterioro de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, la práctica ausencia de nuevos emplazamientos viables para la construcción de nuevos embalses, ha tomado fuerza la idea de que es necesario actualizar el modelo de gestión, implantando una nueva cultura del agua que supere el planteamiento mantenido hasta la fecha, de incrementar la disponibilidad de agua conforme crecía la demanda.

La evidencia de que el agua es un bien limitado al mismo tiempo que imprescindible para la vida, la necesidad de respetar en su uso las limitaciones ambientales de todo tipo y los requerimientos ecológicos de nuestros ríos, hacen necesario este cambio, que en el ámbito europeo ha quedado reflejado en la Directiva Marco de Aguas, aprobada en el año 2000. En su preámbulo se establece que "el agua no es un bien comercial, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal".

Como resultado de este nuevo enfoque, en el momento actual se está iniciando una nueva etapa en la gestión del agua, en la que ocuparán un lugar destacado aspectos como el mantenimiento de los caudales ecológicos y de la calidad de las aguas para la conservación de los ecosistemas acuáticos, el tratamiento y reutilización de las aguas residuales, la mejora ambiental del propio medio acuático y de las riberas, la integración de los ríos en el paisaje urbano y periurbano…

Todo ello tendrá que hacerse compatible con la satisfacción de las demandas de agua existentes, tanto del conjunto de la población como de los diferentes sectores productivos, por lo que parece claro que ha llegado el momento del protagonismo de la sociedad. Porque en un tiempo de cambios y ante la necesidad de acuerdos entre los diversos intereses, a veces enfrentados, resulta imprescindible en una sociedad desarrollada como la nuestra, ese mayor protagonismo social. Ello explica que una de las primeras iniciativas del Gobierno Andaluz tras la transferencia desde el Estado de las competencias en materia de aguas haya sido la puesta en marcha del Acuerdo Andaluz por el Agua, refrendado el pasado febrero.

En el caso particular de Jerez, existe una deuda durante largo tiempo pendiente de la ciudad con su río, el Guadalete; deuda que cabe esperar sea saldada en breve con actuaciones que además de mejorar su estado de conservación acerquen a los ciudadanos al disfrute del río. En la memoria colectiva de la ciudad se mantiene aún el recuerdo de aquellos años no tan lejanos en que el Guadalete era un lugar de esparcimiento donde practicar el baño, la pesca o el paseo en barca; es fácil imaginar lo que la recuperación de este espacio para el disfrute público representará para los jerezanos.

Quedan por despejar las dudas sobre el protagonismo que le corresponderá a nuestra ciudad en esta nueva etapa. Durante más de un siglo, desde las sedes administrativas de Jerez se han desempeñado con eficacia las políticas de aguas propias de cada época, tanto en la construcción de embalses como en la canalización y distribución de las aguas hasta su destino final, fuera éste el abastecimiento urbano o el uso agrícola, pasando por la modernización de los sistemas de explotación y las infraestructuras y técnicas de riego. Fue por ello que, tras la transferencia de las competencias en materia de aguas desde el Estado central, el Gobierno Andaluz resolvió en 2006 establecer en la ciudad la sede administrativa de la Dirección General de la Cuenca Atlántica Andaluza, con competencias sobre un territorio de más de 8.000 kilómetros cuadrados, repartido entre las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla. Ello suponía, además del reconocimiento a toda una trayectoria histórica, un significativo impulso a la presencia de la Administración Andaluza en Jerez.

Sin embargo, apenas tres años después, la entrada en vigor el pasado enero de los nuevos estatutos de la Agencia Andaluza del Agua supuso la eliminación de esta Dirección General, sin que hasta la fecha se haya aclarado cuál es el proyecto de futuro para la presencia de la Administración del Agua en la ciudad. Parece claro que la decisión que finalmente se adopte, en el sentido de mantener el protagonismo de nuestra ciudad en la gestión del agua o por el contrario dejarla relegada a un papel marginal, dependerá en buena parte de la apuesta que la sociedad jerezana y sus representantes hagan al respecto, reclamando para Jerez lo que en justicia y en buena lógica le corresponda. Pero esta es una cuestión que pertenece al futuro.