La Conferencia Andaluza de Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas (CADO) ha retomado esta semana su actividad presencial con la celebración el pasado día 15 de su Asamblea General, la primera con participación física de los responsables de los consejos reguladores tras casi dos años de pandemia. 

La cita, celebrada en las instalaciones de la Consejería de Agricultura en Hacienda de Quintos, en Dos Hermanas (Sevilla), ha contado con una elevada representación de la agroindustria de calidad de la comunidad autónoma, incluyendo la práctica totalidad de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de aceites de oliva virgen extra, vinos, vinagres, bebidas espirituosas, jamón, conservas de pescado, frutas y hortalizas, aceitunas y productos de repostería.

La asamblea ha dedicado especial atención a los asuntos de promoción de los productos de calidad andaluces -entre los que destaca el vino de Jerez-, y en particular a la puesta en marcha en próximas fechas en colaboración con la Consejería de Agricultura de una campaña promocional, dotada con un presupuesto de 300.000 euros, para consolidar e incluso acelerar la recuperación iniciada el año pasado tras el impacto negativo de la pandemia en 2020 sobre el sector agroalimentario. 

En palabras de César Saldaña, presidente de la CADO y del Consejo Regulador del vino de Jerez, “los productos con DOP e lGP constituyen la punta de lanza de la calidad agroalimentaria andaluza, por lo que aplaudimos la apuesta de la Junta de Andalucía por unos nombres que generan riqueza en los territorios a los que están indisolublemente unidos y que identifican a Andalucía como lugar de origen de alimentos excelentes, saludables, sostenibles y que responden a una tradición y unas condiciones naturales únicas”.

La Asamblea ha contado además con la participación de la directora general de Industrias, Innovación y de la Cadena Agroalimentaria, Carmen Cristina de Toro, quien confirmó el apoyo de la Consejería a las indicaciones de calidad de la comunidad autónoma a través de la mencionada campaña, así como a través de otros mecanismos de promoción, como la participación en diversas ferias profesionales. El apoyo de la Consejería a los consejos reguladores se plasma igualmente en las órdenes de ayuda a la promoción y a la gestión, instrumentos que fueron también objeto de tratamiento durante la asamblea.

La directora general tuvo también la oportunidad de conocer de primera mano las inquietudes y demandas de los consejos reguladores englobados en la CADO. Entre ellas, cuestiones tan importantes como el sistema de clasificación Nutri-score, en el que necesariamente deberán de articularse las modificaciones que permitan el adecuado encaje de los alimentos de calidad diferenciada; o las limitaciones legales a las que se están enfrentando determinados consejos reguladores para comunicar el carácter saludable de sus productos.

Igualmente, los miembros de la CADO han mostrado su preocupación por las noticias que están trascendiendo en relación al proceso de revisión del sistema europeo de indicaciones geográficas y más concretamente con la posibilidad de que la Comisión delegue buena parte de la gestión de las mismas a la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Algo que, en palabras de César Saldaña “supondría un cambio radical en la política de la UE en este campo y que atenta contra la forma en la que entendemos las DOPs e IGPs; no como simples derechos de propiedad intelectual, sino como bienes públicos de uso colectivo que responden a la especificidad de territorios concretos, razón por la que siempre han formado parte de la política europea de desarrollo rural y por la que deben de seguir en al ámbito agrario.”

La Conferencia Andaluza de Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen e indicaciones Geográficas Protegidas (CADO) es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina de forma voluntaria a los consejos reguladores de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas existentes en Andalucía. Sus objetivos son la representación y defensa de los intereses colectivos de los órganos de gestión de casi 40 indicaciones de calidad (casi todas las reconocidas en nuestra Comunidad Autónoma), colaborando con la Administración en el fomento de la calidad diferenciada en el ámbito agroalimentario andaluz.