La Fiscalía solicita cinco años de prisión contra una notaria que ejerce en la ciudad por un presunto delito de estafa en un juicio que, probablemente tras el verano, se celebre en la Sección Provincial de la Audiencia Provincial con sede en Jerez. El ministerio público solicita igualmente que se le imponga la misma pena en caso de que los hechos se consideren una apropiación indebida. No se trata del primer caso irregular en que se ve envuelto un notario de la ciudad.

En su escrito de acusación (cabe destacar que hay otra acusación, en este caso la particular que ejerce la víctima de la presunta estafa) la Fiscalía solicita contra la notaria, que actualmente tiene 46 años y carece de antecedentes penales, solicita dichos cinco años de cárcel por quedarse con cerca más de 500.000 euros de la víctima. 

En su escrito de acusación se destaca que “en el año 2015 la acusada, notaria de profesión con oficina abierta al público en Jerez, aprovechó que un amigo le había presentado a la víctima para ofrecerle participar en un proyecto consistente en desarrollar en su notaria un sistema de gestión telemática integral de reclamación de deudas de autónomos, profesionales y Pymes para lo cual constituiría una empresa”.

Fue el día 18 de diciembre de 2015 cuando acordaron que la víctima entregaría a la acusada la suma de 900.000 euros como una inversión en el citado proyecto, “del que obtendría una rentabilidad del 10% y fijaron como plazo de devolución del capital invertido el día 18 de junio de 2018”. Desde el ministerio público se sostiene que “todo esto lo hizo la acusada con intención de obtener un ilícito beneficio aparentando seriedad y solvencia que le daba su condición de notaria y a sabiendas que no iba a cumplir con lo que ofrecía”. 

La víctima “comenzó a impacientarse y el 6 de septiembre de 2016 llegó a un acuerdo con la acusada para que ésta le fuera devolviendo parte del capital invertido con antelación a la fecha pactada. Y así la acusada le devolvió hasta junio de 2017 la cantidad de 387 210 euros”. 

Los pagarés emitidos jamás pudieron ser cobrados al no haber dinero en las cuentas

Finalmente en junio de 2017 decidieron rescindir el acuerdo suscrito y la acusada se comprometió a devolverle la suma restante por importe de 512.790 euros, para lo cual la acusada, “siguiendo con su intención fraudulenta”, entregó varios pagares nominativos. “Estos pagares fueron presentados al cobro y sistemáticamente resultaron impagados al no existir dinero en las cuentas designadas para hacerlos efectivos”. 

El fiscal sostiene que “la acusada incorporó definitivamente a su patrimonio la cantidad total a la que ascendía el importe de los referidos pagares (512.790 euros), sin que conste que hubiera destinado ninguna suma de la inversión inicial para el desarrollo e implantación del sistema de gestión telemática integral de reclamación de deudas.” 

Para el ministerio fiscal se trata de unos hechos que son legalmente constitutivos de delito de estafa.