Los colegios de abogados, un servicio de calidad para el ciudadano

DESDE su origen, los Colegios de Abogados, constituidos como organizaciones formadas por profesionales jurídicos, tienen como finalidad la garantía de las buenas prácticas para que los ciudadanos reciban servicios profesionales de calidad. Su importancia es trascendental porque regulan los servicios profesionales jurídicos, que tienen un impacto directo en la seguridad jurídica que debe prevalecer en un Estado democrático y de derecho.

Es esta estrecha vinculación entre los servicios profesionales y los derechos fundamentales de los ciudadanos donde reside la función esencial de los Colegios de Abogados para velar por la calidad de los servicios que ofrecen sus colegiados.

Además de la defensa de los intereses profesionales de sus colegiados, los fines esenciales de los Colegios de Abogados se configuran en beneficio del ciudadano para realizar la ordenación de esta profesión, el control deontológico de los letrados y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad.

Los 83 Colegios de Abogados, repartidos por todo el territorio bajo el criterio de cercanía al ciudadano, han acreditado ante la sociedad y ante las Administraciones Públicas que ofrecen servicios de interés para el justiciable. La asistencia jurídica gratuita para los más desfavorecidos que más de 37.000 abogados prestan en España 24 horas al día, los 365 días al año es un servicio público de la Justicia que es referencia en todo el mundo.

El modelo prestado funciona con eficiencia y eficacia, y aunque necesita reformas y avanzar en mejoras sustanciales tras 17 años en vigor, merece un reconocimiento público por su calidad y efectividad para la sociedad.

Aunque la crisis es una lacra para la sociedad, los abogados nos hemos volcado en la búsqueda de soluciones. Gracias a la sensibilidad de la Abogacía se está estableciendo en todo el territorio una red de oficinas de intermediación hipotecaria para buscar una solución entre las personas con dificultades para hacer frente a sus cuotas hipotecarias y las entidades financieras correspondientes.

La intermediación de los abogados, gracias a la acción de los Colegios de Abogados en colaboración con diferentes Administraciones Públicas, está resultando crucial e imprescindible para buscar soluciones a una situación dramática para miles de ciudadanos.

El buen hacer del abogado puede facilitar soluciones beneficiosas para deudor y banco, amparadas en el conocimiento de la ley y de las técnicas de negociación. También del sentimiento de credibilidad de los deudores hipotecarios, ya que el asesoramiento prestado ofrece imparcialidad y objetividad necesarias para buscar una solución al conflicto.

Los avances en nuevas tecnologías que tienen en marcha los Colegios de Abogados ya están dando sus primeros resultados para la ciudadanía y para los letrados. Más de 370.000 ciudadanos ya tramitaron su solicitud de Justicia Gratuita en 2012 a través del Expediente Electrónico de la Abogacía.

Este sistema electrónico ofrece numerosas ventajas. El ciudadano tiene más fácil el acceso a la Justicia Gratuita al simplificar los trámites, acortar los plazos en la obtención de documentos, evitar los desplazamientos y las esperas en las ventanillas de las Administraciones Públicas. La digitalización del proceso permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad. Por su parte, el Colegio de Abogados asegura el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica y mejora su gestión ya que reduce los plazos de obtención de la información, a la vez que incrementa la calidad en el servicio prestado al ciudadano al unificar la información del solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común a todos los Colegios de Abogados.

Las Administraciones Públicas también logran beneficios al mejorar y agilizar el servicio que ofrecen al ciudadano, se consigue la trazabilidad completa del proceso para su posible auditoría y se eliminan los posibles fraudes optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión. El Expediente Electrónico de Justicia Gratuita ha sido reconocido por su calidad por el Consejo General del Poder Judicial y por el Ministerio de Justicia.

Por otro lado, cada año aumenta el número de abogados que presentan sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta y las de sus clientes por Internet, de forma segura y autenticada, utilizando el carné de abogado con certificado digital desarrollado por RedAbogacía, la Infraestructura Tecnológica del CGAE.

Para dar seguridad al ciudadano, la Autoridad de Certificación de la Abogacía, ACA, que acredita la condición profesional de los abogados en el entorno online, se ha convertido en el primer prestador de servicios de certificación privado, sólo superado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

Servicios electrónicos como LexNet (presentación de escritos en los juzgados en procedimientos sin procurador), pases a prisión (autorizaciones electrónicas firmadas para visitar a presos con cita previa o por motivos de urgencia en cualquier prisión), buroSMS (certifica de forma fehaciente el contenido, la fecha y la hora del sms enviado desde el ordenador del letrado) permiten al abogado ofrecer a su cliente beneficios con las últimas tecnologías.

Todos estos servicios ofrecidos, entre otros muchos, por los Colegios de Abogados al ciudadano y al abogado se realizan a coste cero para las Administraciones Públicas y para los ciudadanos. Gracias a esta labor de proximidad que ofrecen los 83 Colegios, la sociedad dispone por todo el territorio de unas oficinas de orientación jurídica atendidas por abogados.

Esta red de instituciones colegiales no supone ningún coste al Estado, evitando las inversiones de las Administraciones Públicas en acercar la Justicia a la sociedad. Los Colegios de Abogados, además de corporaciones de derecho público, son edificios, son instalaciones, son infraestructuras y son personas cuyo coste se sufraga con las cuotas colegiales de los abogados.

Marcos Camacho es Decano del Colegio de Abogados