El Juzgado Contencioso-Administrativo de Jerez ha dictado una sentencia en la que declara "nulo de pleno derecho el acuerdo-convenio del personal municipal de 2013", según informó el miércoles el gobierno local. En concreto, el Juzgado considera que el documento - que contó con el respaldo de CGT y SIP- no cumple con la legalidad al ser "un único texto que unifica los derechos laborales de los funcionarios y de los laborales, negociado con los sindicatos en la mesa general de negociación conjunta; cuando la ley exige que las condiciones laborales del personal funcionario y las del personal contratado laboral tengan regulación diferenciada y, por tanto, se negocien con los sindicatos en mesas separadas".

A pesar de la decisión judicial, el gobierno local ya ha anunciado que recurrirá la sentencia porque los trabajadores municipales no tienen la culpa de "la desastrosa gestión del PP". Sin embargo, más allá de la pelea política habitual en estos casos, cabe destacar que el entonces ejecutivo local tomó la decisión avalado por diversos estudios. En concreto, según la documentación a la que ha tenido acceso Diario de Jerez, hay informes del interventor municipal y del bufete Sagardoy Abogados de Sevilla, especializado en Derecho Laboral y Administrativo, que fundamentan la decisión que se tomó de sacar adelante dicho convenio. Igualmente, también se contaba entonces con los informes favorables internos tanto del director del Gabinete Jurídico como del director del Servicio de Asistencia Jurídica. De hecho, entre las conclusiones del bufete sevillano, por ejemplo, se recoge que "el acuerdo-convenio sobre las condiciones de trabajo comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Jerez para el periodo 2013-2015 se puede plasmar en un único acuerdo-convenio que deberá ser aprobado de forma expresa y formal por parte de la junta de gobierno local".

Tras conocerse la sentencia judicial, el representante de CGT Antonio Saborido reconoció ayer que aún no ha tenido acceso al fallo judicial que declara nulo el convenio. No obstante, hizo hincapié en que "lo que sí está claro es que el convenio fue lo más legal que pudo ser y fue avalado por la asamblea de los trabajadores municipales. Nos cuesta trabajo entender a dónde quieren llegar". En este punto recordó que el convenio -cuya vigencia ya ha expirado y aún permanece prorrogado- "lo que hizo fue ajustar salarios y quitar ciertos privilegios que tenían alguna gente de arriba con un nivel adquisitivo impresionante, yo diría que llegando al saqueo de las arcas municipales". "El convenio y la RPT, con todos sus defectos porque nada es perfecto, consiguió bajar esas desigualdades y entendemos que aquí hay una pelea por la igualdad que a alguna gente no le gusta y no le va bien", añadió.

Así las cosas, Saborido insistió ayer en que el acuerdo laboral fue "lo más equitativo, no hizo distinción entre funcionarios y laborales porque a igual puesto, igual salario". De hecho, "nosotros por nuestra actividad hemos viajado a muchos ayuntamientos y en todos se negocia en una mesa única aunque luego se hagan dos textos diferenciados. Al final es lo mismo para todos y eso hemos hecho aquí. De hecho, creo que es la primera vez que un acuerdo se registra en organismos oficiales porque nunca se pudo registrar porque se salía de la legalidad". A la espera de que se recurra la sentencia, Antonio Saborido reiteró ayer con el convenio "se atacó ciertos privilegios y es lo que algunos intentan recuperar".