El juez llama a declarar a la delegada de Medio Rural por el caso del PTA

El juez que instruye el llamado caso del PTA ha citado entre hoy y pasado mañana a cinco técnicos municipales -ya comparecieron con anterioridad otros cuatro empleados públicos del Ayuntamiento- y a la delegada de Medio Rural, María del Carmen Martínez, para que presten declaración en calidad de testigos tras la apertura de diligencias a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por posibles ayudas irregulares para la compra de suelo en el Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez. Ya en noviembre del año pasado, el PSA, formación que puso en conocimiento del Ministerio Fiscal la posible ilegalidad, presentó en el Juzgado de Instrucción número 5 de Jerez una ampliación del escrito denuncia que ya cursó hace casi un año a Anticorrupción. En dicha ampliación, los andalucistas reclamaban la imputación de la alcaldesa, Pilar Sánchez, y la delegada de Medio Rural, María del Carmen Martínez, al objeto de "depurar responsabilidades penales", toda vez que "de las declaraciones vertidas por quienes han comparecido en las diligencias previas se deduce la veracidad de los hechos contenidos en el escrito denuncia".

A propósito de lo anterior, reclamaron que la alcaldesa explicase al Juzgado que instruye el caso las "relaciones personales o políticas que le unen con los partícipes de la entidad Tecnología e Innovación Sanitaria SL", a la que mediante una segunda valoración, en la que obtuvo la máxima puntuación, se le concedió una minoración del precio del suelo que adquirió en el Parque jerezano, unos 245.000 euros de rebaja, pese a no estar vinculada con el sector agroalimentario ni cumplir con muchos de los criterios que regían la valoración de ayudas. Un procedimiento, insisten en el escrito denuncia, que "ha incumplido toda la normativa estatal, autonómica y local sobre subvenciones", motivos por los que "se compelió a un trabajador del Ayuntamiento sin cualificación para que firmara el segundo informe de valoración correspondiente a la citada empresa como consecuencia de la negativa a firmarlo de los técnicos capatacitados para ello".

La alcaldesa y presidenta de la sociedad municipal que gestiona el Parque Tecnológico jerezano ya aseguró, en una sesión de control a petición del PP en el pleno de diciembre pasado, no tener relación con la citada empresa, y por el momento no ha sido citada por Instrucción, aunque no se descarta que próximamente sea llamada a prestar declaración por un caso en el que el gobierno local siempre ha defendido el cumplimiento "escrupuloso" de la legalidad y la "prioridad" de atraer inversores como motivación para la concesión de ayudas a la compra de suelo. En todo caso, en aquella sesión de control, Sánchez eludió dar explicaciones y cedió el peso de la respuesta municipal a su delegado de Fomento, Francisco Lebrero, quien pidió a la oposición que "dejemos que las instancias judiciales dictaminen y decidan lo que tengan que decidir". De momento, las instancias judiciales han determinado que prosigan las diligencias previas con nuevas citaciones de técnicos y cargos políticos vinculados con una causa que llevó a Anticorrupción a actuar de oficio.