"Consigue un empleo para toda la vida". Este es el reclamo recurrente en las más de 40 academias dedicadas a preparar opositores para empleos públicos en la provincia. Porque el dinero público, el trabajo público, tiene más peso económico en esta provincia que en ninguna otra del país. Los datos los aporta el propio Ministerio de Política Territorial en un estudio que cuenta con más de un año. Según estos datos, Andalucía contaba con 499.974 funcionarios, un 18% de todos los que hay en España, y 80.572 se encontraban en Cádiz. Ya entonces, Andalucía contaba con el mayor porcentaje funcionarial de todo el país. Un 17% de las personas con empleo en la comunidad trabajaba o bien para la Administración central, o bien para la Junta, o bien para un Ayuntamiento.

Pero es que estos datos se encuentran desfasados. Los trabajadores públicos en la provincia superan ya los 90.000, según CCOO de Cádiz. Esta es su contabilidad: 23.861 en la Administración Pública Estatal; 35.591 en la Comunidad Autónoma, de los cuales 4.850 dependen de las consejerías y organismos autónomos, 16.409 de la docencia no universitaria, 13.552 del Servicio Andaluz de Salud y 1.140 de la Administración de Justicia. A estos hay que sumarles los 18.763 de los Ayuntamientos y Diputación Provincial y 2.287 de la Universidad. Y además podríamos añadir los 450 de los puertos o los 4.500 profesores de la enseñanza concertada, que, de un modo u otro, también tienen sueldos que dependen del erario público.

Con estas cifras, y debido al incremento del desempleo, la provincia se encuentra con que estos 90.000 trabajadores suponen una de cada cuatro de las personas que trabajan en la provincia, ya que ahora mismo, según la Encuesta de Población Activa, en Cádiz hay 370.000 empleados. Los 183.000 desempleados completan nuestro mapa de la población activa.

Para Rafael Rodríguez, máximos responsable provincial del sindicato de funcionarios CSIF, "en el empleo público no sobra nadie, e incluso podríamos decir que es escasa. Otra cosa es la administración paralela de entes públicos y sociedades mixtas que incluso pueden hacer la competencia a sectores privados. Ese entarimado creado a la sombra del sector público sí que está por encima de cualquier cifra sensata, pero lo que entendemos como administración pública pura y dura, a la que se accede por oposición, es un generador de riqueza y estimula la creación de empresas".

Pero las empresas no se crean, se destruyen. El presidente de los empresarios gaditanos, Miguel González Saucedo, ya ha lanzado la voz de alerta: "Hay que prestigiar al empresario. En las universidades los españoles no quieren ser empresarios, quieren ser funcionarios. Estamos en el momento de lanzar un SOS de los empresarios y de las empresas gaditanas". No lo piensa él solo. Lo piensa el pre-candidato a la presidencia del Gobierno y diputado por Cádiz Alfredo Pérez Rubalcaba: "Tenemos un sistema educativo que lo que sí hace de putísima madre es formar a funcionarios". Las cifras les avalan. Mientras no para de perderse empleo privado, crece el empleo público. Ahora mismo hay miles de gaditanos preparándose para acceder a una de las 2.781 plazas que oferta el Estado, las 361 que ofertó la Diputación en enero y los 37 ayuntamientos de los 41 de la provincia que tienen ofertas en vigor.

Entre todas estas plazas, las más codiciadas, las que tienen una mayor respuesta, son las dedicadas a la Enseñanza, a las que cada año se presentan 100.000 opositores en toda España. El pasado 19 de junio 36.000 opositores se examinaban para conseguir una de las algo más de 3.000 plazas de educación secundaria andaluza. Todas las carreras de la UCA que se encuentran por encima del 20% de desempleo (Historia, Química...) tienen como principal salida la docencia. Y es que la docencia es la primera empresa de la provincia. Pagar una nómina le supone a la delegación provincial de Educación 31 millones, que es lo mismo que el salario de Messi, el futbolista mejor pagado del mundo.

A la delegación de Educación, le sigue en número de trabajadores el SAS, que emplea a 15.000 profesionales en sus hospitales y centros de día. No se contabilizan los conciertos con otros centros. Si se contrastan solo estos dos estamentos con la iniciativa privada en la provincia vemos que la unión de la educación y la enseñanza supera el número de autónomos, 31.074 empresas sin asalariados que existen en la provincia, y las 45 empresas que cuentan con más de 200 empleados y que juntas no alcanzan los 32.000 trabajadores (ya una menos tras el cierre de Visteon). En una provincia fuertemente vinculada al sector servicios encontramos con que más de 24.000 empresas, de las 61.000 registradas, tienen entre uno y cinco empleados.

Miguel Ángel Quintanilla, ex secretario de Estado de Universidades, explicó en Cádiz la situación en la que nos enciontramos dentro del ciclo organizado por Diputación Anticipar el futuro construyendo el presente: "La media de formación de la clase empresarial está por debajo de la media de formación de la población general porque el alumnado más formado escoge concursar en la función pública, mientras quien está construyendo una empresa no tiene tiempo de dedicarse a la formación".

Este estado de cosas es insostenible. Los síntomas están viéndose en los ayuntamientos y, dentro de ellos, el más evidente es el caso de Jerez, una ciudad que, durante décadas, fue rica gracias a las bodegas y no necesitaba del apoyo de lo público para su mercado laboral. A principios de los 90, el negocio bodeguero se colapsó y miles de trabajadores fueron a la calle. Fue una reconversión industrial en toda regla, como la de Astilleros, pero sin el colchón del Estado. El Ayuntamiento de entonces acudió a un rescate desesperado ante una situación de alarma social. Muchos pasaron a formar parte de la plantilla municipal, que engordó innecesariamente. Hoy, Jerez, que a duras penas puede pagar sus nóminas, cuenta con unos 2.500 trabajadores. Gijón, con algunos habitantes más que Jerez, sólo necesita 1.300 empleados municipales para su funcionamiento.