Jerez

El edil de Economía trató de no auditar el circuito desde 2001

  • Santiago Galván planteó al consejo que solo se analizara la gestión de Cirjesa desde 2012 pero tuvo que modificar su propuesta ante el rechazo de PP, Izquierda Unida y Ciudadanos

El edil de Economía y vicepresidente de la empresa pública que explota el circuito (Cirjesa), Santiago Galván, anunció el pasado viernes que se hará una auditoría de la explotación del trazado desde 2001. Sin embargo, esta no fue su intención inicial. De hecho, y tal y como refleja la documentación que se facilitó a los partidos, el delegado llevó al consejo de administración de Cirjesa una propuesta distinta a la que finalmente acabó aprobándose. Así, planteó que el estudio se limitara al periodo comprendido entre 2012 y 2015, los años de gobierno del PP. Tras las quejas de los representantes del PP, Ciudadanos e IU, y al encontrarse en minoría, Galván, no sin mostrar reticencias en el debate, se vio obligado a cambiar la propuesta y extender el análisis de las cuentas y de la gestión del trazado al periodo comprendido entre 2001 y 2015.

El pasado mes de enero, el consejo de administración decidió hacer una auditoría en Cirjesa por lo que había que fijar por dónde empezar. Entonces, el PP planteó que se hiciera desde 2001 ya que en ese año se contrataron y se iniciaron las obras de remodelación del circuito para adaptarlo a las exigencias de las pruebas internacionales (su actuación más visible fue la del 'ovni' de la recta de meta). Según se recoge en el acta de esa sesión, se acordó hacer el estudio y que los servicios técnicos municipales emitirían un informe al respecto.

Junto a la documentación que se entregó a los consejeros en la reunión del pasado viernes, se incorporó un informe técnico sobre el precio de estos trabajos. Así, si se hacía desde 2001, tendría un coste de unos 55.000 euros; si se limitaba al periodo 2012-2015, en cambio, sería de 20.000 euros. Finalmente, Santiago Galván optó por la segunda opción y así lo ordenó en un escrito dirigido al director del trazado, Cornelio Vela, fechado el pasado jueves. De este modo, se llevó al consejo un pliego de condiciones con un precio de salida de 22.000 euros y limitado a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.

Iniciado el debate de este punto, Antonio Saldaña, representante del PP, insistió en que no era lógico que la auditoría se limitara desde 2012 porque los problemas económicos de la sociedad empezaron mucho antes, especialmente tras las obras de remodelación ejecutadas entre 2001 y 2003 (promovidas por Pedro Pacheco) y por los impagos a la empresa constructora durante el gobierno de Pilar Sánchez (PSOE), donde la deuda, que llegó a superar los 30 millones, acabó arrastrando a la sociedad a un concurso de acreedores a finales de 2011. Este argumento fue respaldado por los representantes de IU (Domingo Pedro García), quien precisamente envió ayer una tribuna libre a los medios de comunicación confirmando lo ocurrido, y Mario Rosado (Ciudadanos).

En cambio, Galván se mostró reticente a cambiar la propuesta a pesar de que no tenía el respaldo necesario para sacarla adelante pues solo contaba con el voto delegado de su compañera Laura Álvarez y de los dos consejeros de Ganemos, que tampoco acudieron. Asistentes al consejo explicaron a este periódico que el edil, tras recurrir al sobrecoste que supondría una auditoría de más años, planteó la alternativa de dividirla en dos, la primera entre 2001 y 2012 y la segunda entre 2012 y 2015. Lo justificó señalando que había que diferenciar la gestión de la sociedad en estas dos etapas ya que en 2012 Cirjesa volvió a asumir la gestión directa del trazado tras 15 años dados en concesión a una empresa privada e insistió en que debía priorizarse esta segunda.

Ya que el resto de grupos se mantuvo en su negativa, el vicepresidente de Cirjesa tuvo que claudicar finalmente y aceptar la auditoría desde 2001. Minutos después de celebrarse el consejo, en cambio, el gobierno local emitió un comunicado donde el edil ensalzaba el acuerdo señalando que servirá para "mejorar" la explotación del circuito pero obviando que se vio obligado a modificar la propuesta y que no era partidario de iniciarla en ese año.

El consejo de administración acabó aprobando el pliego de condiciones que regulará la contratación de la consultora, aunque con varias modificaciones al inicialmente planteado. Debido al importe del gasto, se hará mediante concurso público (antes iba a ser un procedimiento negociado) y se ha variado el sistema de puntuación de las ofertas que se presenten ya que se valorará más la oferta económica y se incluye la posibilidad de reducir el tiempo de trabajo de los inicialmente planteados.

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