Una empresa de Jerez, investigada por espiar al fundador de Wikileaks

La empresa Undercover Global, que tuvo su origen en Puerto Real y ahora tiene su sede en una calle del parque empresarial Oeste de Jerez, está siendo investigada por supuesto espionaje al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la embajada ecuatoriana en Londres. Su director, David Morales, un ex infante de Marina con destino en San Fernando entre el año 91 y el 2008, fue detenido hace dos semanas en la sede de la empresa por orden del juez de la Audiencia José de la Mata y prestó declaración para, posteriormente, ser puesto en libertad, pero con la prohibición de salir del país.

UC Global se hizo cargo de la seguridad de Assange durante su encierro en la embajada por encargo del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, para el que la firma jerezana trabajaba asiduamente, tanto en su seguridad personal como la de su familia. Sin embargo, tras producirse una serie de filtraciones después de que Ecuador permitiera su detención por las autoridades británicas, Assange, cuyo abogado es el ex juez español Baltasar Garzón, concluyó que los trabajadores de Undercover habían actuado como agentes dobles pasándole información a la CIA. Assange es el enemigo número uno de la inteligencia americana tras la masiva filtración de documentos secretos a través de su portal.

En el auto de admisión a trámite de la querella contra Morales se afirma que la UC Global no sólo realizó esa tarea de agente doble dentro de la embajada de Ecuador sino que hizo seguimientos al abogado Baltasar Garzón durante un encuentro en Madrid con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en 2017.

El auto llega más lejos y también investigará los motivos por los que UC Global elaboró un perfil del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en inglés, en el que se detallaban sus relaciones con el líder opopulista ecuatoriano Correa. La noticia ha saltado en el mismo día en el que los ecuatorianos han tomado las calles en contra del que fue delfín de Correa, el actual presidente Lenin Moreno, por seguir las directirces del Fondo Monetario Internacional para conseguir un nuevo crédito. Correa y Moreno se encuentran ahora duramente enfrentados.

El auto, que está fechado el 7 de agosto y se ha hecho público al levantarse el secreto de las actuaciones, recoge los hechos denunciados en la querella, que relata los actos de espionaje que realizó esta empresa jerezana supuestamente a petición de Estados Unidos, y que comprendieron a Assange y las visitas que recibía en la sede diplomática, entre ellas la del congresista norteamericano Dana Rohrabacher.

El propietario de UC Global llegó incluso a pedir al personal de su empresa que robara el pañal de un bebé que visitaba "regularmente a Assange". Según la querella, el objetivo era hacer "una prueba de ADN con las heces del niño" para averiguar si era hijo de Assange, encargo que finalmente se frustró porque trabajadores de UC, casi todos ex militares como Morales, "alertaron a la madre para que el menor no volviera a la legación diplomática".

Respecto a Garzón, se asegura que se le hizo seguimiento por carretera cuando recibió a Correa en el aeropuerto de Madrid, el 13 de octubre de 2017, hasta la llegada de ambos al domicilio del exjuez. De Correa llegó también a elaborar un informe "detallado" de sus "conversaciones privadas en "su domicilio personal" en Bélgica, donde se instaló tras perder las elecciones, y que "muy probablemente tendría como destino Estados Unidos".

Esta empresa se hizo cargo de la seguridad en la embajada de Londres entre 2015 y mediados de 2018, periodo en el que Morales supuestamente "experimentó un incremento patrimonial notable", adquiriendo una nueva vivienda de "elevado valor" y "algunos coches de alta gama".

En un principio, la seguridad, que fue subcontratada a su empresa por la ecuatoriana Blue Cella, consistía en un circuito cerrado de cámaras sin sonido "a los únicos efectos de vigilar un posible acceso ilegítimo al inmueble". La investigación trata de dilucidar si es cierto que Morales extorsionaba a la responsable de seguridad de la embajada, Gabriela Páliz, pagándole 20.000 euros a cambio de que no hiciera "reportes negativos" sobre UC Global.

Tras varios viajes a Estados Unidos desde 2016, Morales constituyó una "pequeña unidad de trabajadores" en la sede de Jerez, que recibieron órdenes para "desarrollar una labor de recolección dentro de la embajada". Les pidió cambiar las cámaras e instalar una nuevas que grabaran el audio de las conversaciones, pero simulando morfológicamente que no tenían esa función y exigió que las habilitaran en streaming (sistema de acceso externo) para acceder a las grabaciones en tiempo real.

Pretendía con ello abrir dos canales en streaming para el acceso online, uno oficial para Ecuador y otro para "los amigos de Estados Unidos". También pidió colocar un micrófono en un extintor de la sala de reuniones de la embajada y otro en el baño de señoras, en el que Assange "mantenía reuniones".

De este modo fueron captadas reuniones con sus abogados, así como otras visitas, médicas y de diversa índole, y también reuniones de los agentes diplomáticos entre ellos y con la diplomacia de terceros países. Morales llegó incluso a conseguir tomar las huellas dactilares de Assange de un vaso, "sin conocerse el destino que se habría dado a esa información", además de recabar fotografías de visitantes de la embajada, de los que se llegó a fotocopiar sus documentos de identidad o se hicieron fotos a los dispositivos electrónicos que depositaban a la entrada.

El espionaje alcanzó incluso al Jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Ecuador, Rommy Vallejo, que visitó a Assange cuando se dilucidaba si podía salir de la embajada tras haber recibido la nacionalidad ecuatoriana y ser nombrado diplomático. El juez cree que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, así como de blanqueo de capitales.