Jerez

La empresa de las obras de El Portal exige 905.000 euros de indemnización

  • Reitera que no pudo concluir la actuación por las deficiencias del proyecto de obra que redactó el Ayuntamiento. La cuantía es reclamada a la Zona Franca por ser el promotor de la obra.

La empresa constructora que fue adjudicataria de las obras de reurbanización del polígono El Portal, la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por OHL y Ucop Construcciones, ha reclamado al Consorcio de la Zona Franca unos 905.000 euros más intereses por daños y perjuicios al no haber podido concluir esta actuación. En un escrito remitido al ente franco, vuelve a señalar que no pudo acabar esta intervención debido a las deficiencias del proyecto de obras que elaboró el Ayuntamiento, de ahí que considere que no pudo cumplir los plazos de ejecución. Todo ello lo realiza en el escrito de alegaciones que presentó el pasado lunes ante la decisión del Consorcio de la Zona Franca, promotor de estas obras, de iniciar el proceso de rescisión del contrato.

En 2014, Zona Franca y Ayuntamiento suscribieron un convenio para realizar mejoras en los principales viales del polígono industrial de El Portal. El organismo fiscal contrataba y pagaba las obras (aprovechando unos fondos europeos que, por cierto, han acabado perdiéndose) y el Ayuntamiento elaboraba el proyecto de obra y se encargaba de la dirección facultativa de los trabajos. Una vez adjudicada la actuación, se iniciaron las obras pero la constructora advirtió al poco de comenzar que el proyecto elaborado por la Delegación de Urbanismo adolecía de numerosas carencias ya que no se ajustaba al estado real del polígono por lo que era necesario un modificado del proyecto para poder concluir la actuación. Tal y como informó este periódico el pasado lunes, este fue el germen de una controversia a nivel técnico entre la constructora y el Ayuntamiento que propició que las obras no solo no acabaran en plazo (deberían haber estado listas el pasado 31 de diciembre) sino que estén a día de hoy paralizadas.

Ante esta situación, Zona Franca inició el procedimiento para dar por finalizado el contrato con la adjudicataria mientras se busca alguna solución con el Ayuntamiento para finalizar las obras. Este procedimiento administrativo incluye, además, determinar las causas y la responsabilidad del incumplimiento, de ahí que se le haya dado la posibilidad a la constructora de que presente las alegaciones que estime conveniente antes de que el ente fiscal adopte una decisión.

Y esto es lo que ha realizado ahora la UTE OHL-Ucop. En un escrito al que ha tenido acceso este diario, reitera que no se le puede achacar que no se acabara la obra sino que el problema se debe a "los defectos del proyecto redactado por el Ayuntamiento de Jerez" y a "la actitud negligente de la dirección facultativa" de la obra, que estaba a cargo de la Delegación de Urbanismo.

Sobre el primero de los argumentos, la Zona Franca ya dio por bueno un informe que encargó a una consultora externa que analizó el proyecto de obras y que determinó que tenía importantes defectos ya que no tenía en cuenta aspectos tales como el estado real de pozos, arquetas y aceras, la adecuación de vallados de parcelas, el desmontaje de carteles publicitarios o la necesidad de desconectar el alumbrado público, entre otras. En cuanto a la actitud del Ayuntamiento en esta obra, la empresa sentencia que "la ralentización y práctica paralización de las obras es consecuencia única y exclusivamente de la negligencia de la dirección facultativa". Le acusa, en este sentido, de haber incurrido en una "auténtica dejación de funciones" ya que no atendió que se acometieran las reformas necesarias en el proyecto para que la constructora pudiera concluir la obra.

Por todo ello, la firma considera que no se le puede imputar responsabilidad alguna en la paralización de las obras de ahí que solicite la indemnización por daños y perjuicios, que cuantifica en 905.131,39 euros, cifra que se sumaría a los 929.538,65 euros de liquidación por las obras ejecutadas, importe que coincide con el informe técnico de Zona Franca -el proyecto completo tenía un coste de unos 3,8 millones-. Entre los conceptos que reclama se encuentran el de daño emergente, debido a los incumplimientos por parte de la administración, a su juicio, de sus "obligaciones contractuales", y la indemnización por lucro cesante, (la pérdida de ingresos por la resolución anticipada del contrato).

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