Un estatuto que no se consuma

Hoy hace 11 meses que el pleno del Ayuntamiento aprobó un nuevo estatuto para regular las relaciones del municipio con las siete pedanías del término, un documento llamado a concretar las competencias de estas entidades supramunicipales así como un nuevo sistema de financiación. Sin embargo, el texto no ha entrado en vigor aún puesto que el gobierno local no ha culminado su tramitación.

El texto, como cualquier normativa de carácter público, se expuso públicamente para que particulares y entidades presentaran sus pertinentes alegaciones, un plazo que concluyó el 18 de octubre. La siete pedanías -La Barca, Guadalcacín, Estella, Torrecera, Nueva Jarilla, San Isidro y El Torno- presentaron una propuesta conjunta donde plantea una modificación sustancial del texto elaborado por el gobierno local al entender que no recoge las necesidades reales de estas entidades. Asimismo, pone especial énfasis en modificar el modelo de financiación propuesto y en establecer garantías para recibir las transferencias económicas. Pero, nueve meses después de cerrarse el plazo de presentación de alegaciones, el Ayuntamiento no ha respondido, ni de manera oficial ni oficiosa, a la propuesta. De hecho, el documento sigue sin llevarse a pleno para que se aprueben o rechacen las sugerencias y el documento se eleve a aprobación definitiva para que pueda entrar en vigor.

Por ahora, hay pocas explicaciones oficiales a este retraso en la tramitación de un estatuto que se presentó como la propuesta definitiva para que los habitantes de la pedanía fueran "ciudadanos de primera", tal y como apuntó en el pleno la delegada del Medio Rural, Susana Sánchez Toro. El alcalde de Torrecera, Manuel Bertolet, indicó al respecto: "Teóricamente, las alegaciones se deberían haber resuelto ya pero lo único que nos dicen desde el Ayuntamiento es que siguen trabajando en ello".

Este medio preguntó al gobierno local sin obtener una fecha para la culminación administrativa de esta normativa. En este sentido, una fuente municipal afirmó que la alcaldesa, María José García Pelayo, les ha trasladado a los presidentes pedáneos que estará garantizada la financiación acordada con cada una de las entidades puesto que se incluirán las partidas correspondientes en los presupuestos municipales que el Ayuntamiento prevé aprobar en las próximas semanas.

Las siete pedanías, asesoradas por la Federación Andaluza de Entidades Menores (Faem) presentaron una alegación donde planteaban una importante modificación del texto ya que, tal y como apuntaron el día que fue aprobado en pleno, este no había sido consensuado a pesar de que hubo reuniones previas entre ambas partes para tratar de alcanzar un acuerdo.

El gobierno local presentó un texto normativo donde se incorpora un nuevo modelo de financiación. Actualmente, cada pedanía tiene firmado un convenio individual con cada ayuntamiento pedáneo cuyo importe total ronda los 4,6 millones de euros, aunque las entidades denuncian que Jerez se retrasa en los pagos, unos débitos que les impide ofrecer con normalidad y de manera adecuada sus servicios -el año pasado la deuda estaba cuantificada en unos seis millones de euros aproximadamente-.

La propuesta municipal establece tres alternativas para fijar la cuantía anual que recibirá cada entidad local autónoma. La primera es la 'participación en los ingresos municipales' calculándose con los ingresos que tienen derecho el Ayuntamiento jerezano de los impuestos estatales y autonómicos en base a la población de cada núcleo. La segunda de las posibilidades lleva por nombre 'nivel de transferencias según estudios de costes y cobertura del déficit' donde se contempla un estudio de los costes correspondientes a los servicios que presta cada entidad y se le dará la cuantía necesaria. La última fórmula es la 'determinación de transferencias según el Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía y en ella se tiene en cuenta magnitudes como la recaudación de tributos municipales en el núcleo o el coste de los servicios prestados.

En cambio, estas tres propuestas no convencen a los alcaldes pedáneos que han presentado una alternativa en sus alegaciones conjuntas donde reclama que los ayuntamientos ingresen directamente la cuantía que le corresponde de las transferencias estatales y autonómicas así como de los impuestos cobrados por el Ayuntamiento en función de su población. Además, plantea una "garantía" de cobro mediante la obligación de Jerez a tener reservada la cuantía correspondiente a las pedanías. "Lo único que pedimos es cobrar lo que nos corresponde y con garantías, no otro convenio que no garantiza nada", sostiene Bertolet.

En su propuesta, las entidades locales reclaman más competencias como la posibilidad de conceder licencias de obras mayores, más autonomía para contratar personal así como potestad para crear un policía local propia.