La Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento no es ninguna maría. Gestionar las condiciones laborales de más de 1.700 trabajadores y negociar con seis sindicatos con representación supone que esta área sea uno de los grandes caballos de batalla de cualquier ejecutivo que pase por las estancias nobles de la calle Consistorio. Ante esta situación, no es de extrañar que la mano derecha de la alcaldesa, la edil Laura Álvarez, tenga a su cargo una concejalía tan compleja que suele conllevar más quebraderos de cabeza que 'venta' de gestión. A día de hoy, la edil tiene sobre su mesa cuatro grandes temas con muchos aspectos aún por concretar.

Una relación de puestos         de trabajo definitiva  

Las administraciones públicas están obligadas a contar con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT). En este documento, tal y como su nombre indica, se concreta la descripción, categoría y complementos salariales que tienen asignadas todas y cada una de las plazas laborales. Por extraño que parezca, el Ayuntamiento de Jerez no contó con una hasta 2012 -esto explica en parte que apenas haya funcionarios en la plantilla (la mayoría policías locales) y el grueso lo conforme el colectivo de empleados indefinidos-. El anterior gobierno del PP elaboró una RPT que contentó a algunos y disgustó a otros, aunque luego, y por diversas circunstancias, la modificara hasta en ocho ocasiones.

El documento vigente no convence al actual ejecutivo quien ha insistido que entre sus planes está su revisión integral compartiendo así el comentario de buena parte de los sindicatos que insisten en la necesidad de modificarla de arriba a abajo -una representante de la junta de personal señalaba ayer que la actual relación de puestos "habría que tirarla a la basura"-. De hecho, se ha pedido asesoramiento a la Diputación para que le ayude en esta ardua tarea. La edil señala al respecto: "Hay situaciones arbitrarias e injustas, con trabajadores en un mismo puesto y sueldos distintos".

Por el momento, el gobierno local se ha limitado a una primera modificación forzada por las urgencias. El pasado viernes aprobó en la junta de gobierno local una modificación donde reestructura los puestos de mando para adaptarla al 'staff' político actual. De este modo, se han creado nuevos puestos directivos pero se han eliminado otros (la mayoría de estos últimos estaban vacantes). Además, ha tenido que cubrir algunas plazas que estaban asignadas mediante comisiones de servicio y que se quedaban libres al transcurrir los dos años preceptivos.

Sin embargo, la propuesta no ha contado con el respaldo de la representación social, que votó en contra cuando se les presentó a mediados del pasado mes. Sobre todo, los sindicatos le reprocharon al equipo de gobierno que no la entregara completamente justificada (aseguraron entonces que faltaban informes jurídicos y económicos) y que no fuera encaminada a resolver definitivamente el problema de la RPT.

La obligación de reducir  gastos en personal   

El Ayuntamiento se ha acogido a diversas medidas de rescate para hacer frente a su difícil situación financiera que provoca que esté obligada a reducir sus gastos en materia de personal en un 5% al año. Como la posibilidad de acometer despidos es algo que no contempla este ejecutivo -de hecho ha sido y es muy beligerante con el ERE que ejecutó el PP en 2012 pretendiéndolo ahora revertir-, los recortes necesarios tienen que venir por los salarios. Uno de los pocos sitios donde se puede meter la tijera para minimizar una posible confrontación laboral pasa por los llamados 'sobresueldos', un término despectivo que engloba a conceptos tales como la productividad, las horas extraordinarias y las gratificaciones entre otras.

Por el momento, se continúa elaborando un reglamento que sirva para tratar de restar discrecionalidad a la concesión de estos complementos -una de las críticas endémicas que realizan los sindicatos a los ejecutivos municipales- y se baraja una "adecuación" y un "reajuste" de los horarios de la plantilla. No obstante, a día de hoy no se ha presentado planteamiento alguno a los representantes de la plantilla aunque la Delegación de Economía ultima las medidas para incluirlas en la modificación del plan de ajuste que se propondrá próximamente al Ministerio de Hacienda -la delegada de Recursos Humanos avanzó ayer que la próxima semana se podría realizar un primer avance-. La idea es plantear la propuesta a partidos y sindicatos para tratar de alcanzar el máximo consenso posible. La máxima es: "No habrá medidas traumáticas sino equitativas".

La reincorporación de parte de los afectados por el ERE   

El gobierno local sigue manteniendo que reincorporará a buena parte de los despedidos en el ERE de 2012, un proceso que está pendiente de que el Ministerio de Hacienda le dé su visto bueno definitivo (se está a la espera de un informe de la Dirección General de Función Pública). La ecuación que debe cumplirse de manera inexorable es la siguiente: el coste de reingreso no debe superar al que el Consistorio debería asumir si optara por pagar las indemnizaciones por despido improcedente (pasarían de 20 a 45 días por año trabajado).

Por lo tanto, y mientras se espera al visto bueno jurídico a la operación, ya se ha planteado a los afectados que renuncien a salarios de tramitación y a días de vacaciones para reducir el coste de su regreso a la nómina municipal. El gobierno local se autoimpuso el 30 de junio como fecha tope para la reincorporacón y, a falta de tres meses y medio, aún hay muchos interrogantes por resolver. De hecho, hay afectados que no ocultan su escepticismo de que se pueda cumplir este plazo.

La ‘funcionarización’ del personal laboral

Ya a medio plazo, la Delegación de Recursos Humanos tiene que afrontar la estabilización laboral de una plantilla con pocos funcionarios y demasiados indefinidos. El denominado proceso de 'funcionarización', que haría que este personal obtuviera la plaza de manera definitiva, es uno de los grandes asuntos pendientes del Ayuntamiento desde hace años.

Pero, claro, aquí surge un contratiempo porque, aunque no se quiera echar a nadie, cualquier persona debe tener el mismo derecho a optar a una plaza en el Ayuntamiento. En el pleno celebrado a finales del pasado mes, la edil hizo hincapié en esta disyuntiva al señalar: "Se está viendo de qué manera se puede sacar estas plazas de funcionarios cumpliendo los objetivos de publicidad, concurrencia y objetividad y, por otro, dar estabilidad a los laborales". A ello se une que las entidades públicas tienen limitadas por ley la convocatoria de concursos públicos en materia de personal, un elemento más a tener en cuenta en un proceso con un difícil encaje.