El gobierno local volvió a defender la contratación de bufetes de abogados para la defensa del Ayuntamiento en los numerosos procedimientos judiciales en materia de personal que tiene. En un comunicado, señaló que desde 2017 ha supuesto una "significativa reducción de costes" y para ello mostró una evolución en el gasto que ha supuesto la asesoría jurídica municipal desde 2014 hasta este año.

Así, aseguró que en 2014, el gabinete jurídico municipal que por entonces estaba formado por 13 personas, suponía un coste de 601.000 euros, de los que 594.000 correspondían a personal y 6.690 euros a contrataciones externas de bufetes. En cambio, ahora en 2018 la previsión es que este departamento suponga un gasto total de 377.848 euros, de los que 71.900 euros corresponden a los contratos realizados con el despacho Sanguino y Asociados Abogados SLP -que lleva el servicio de defensa y asesoramiento jurídico del Ayuntamiento- y con Martínez Escribano Abogados y Economistas SLP -encargado de la asesoría jurídica en materia de recursos humanos-. Actualmente el gabinete jurídico cuenta con nueve trabajadores ya que algunos se trasladaron a otras áreas.

El ejecutivo señala que esta disminución de personal, causada "por diversos motivos", ha permitido una reducción de 289.000 euros en el gasto total, un "importe muy superior al coste de la contratación de un bufete externo". Por lo tanto, afirma que esta cuantía contrasta con la del año 2015, donde se contrató por 120.000 euros a la consultora Deloitte, "efectuada por el anterior gobierno del PP", para los juicios individuales del ERE ejecutado en el Ayuntamiento en 2012.

Ahora bien, en los cálculos el ejecutivo no incluye una contratación realizada por el Ayuntamiento en 2016, concretamente la que se encargó al bufete de Martínez Escribano para un informe sobre la posibilidad de readmitir a 116 afectados por el ERE municipal de 2012, una opinión, por cierto, que no fue concluyente. El importe del contrato fue de 14.520 euros.

En cuanto a los resultados jurídicos, el gobierno aseguró que también son "muy positivos" ya que, de las 174 sentencias emitidas desde enero de 2107 hasta el pasado 31 de julio por recursos interpuestos contra el Ayuntamiento en diversas materias de gestión, un 58,4% han sido favorables; en un 13,8% de los casos se han estimado parcialmente los recursos y en un 6,3% el recurrente optó por el desistimiento. De las 174 sentencias, 70 son de asuntos vinculados a los recursos humanos donde el ejecutivo asegura que el porcentaje de fallos favorables asciende hasta el 67,1%, un 17,14 desfavorables y 14,28% estimadas parcialmente.

Finalmente, se apuntó que hay 13 sentencias de demandas presentadas por sindicatos de las que siete han fallado a favor del Ayuntamiento, en cuatro el colectivo sindical optó por el desistimiento y dos fueron ganadas por el sindicato aunque, según el ejecutivo, en estos casos se refieren "a acuerdos adoptados por el anterior gobierno municipal del PP".