El director general de Política Fiscal y Financiera, Cornelio Vela, reiteró que la Ordenanza Fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles para el año 2008 aprobada por el Ayuntamiento establece, en su artículo 5 apartado 6, una bonificación de la cuota íntegra del IBI tanto en su naturaleza urbana como rústica. Esa bonificación permitirá que la revisión de los valores catastrales realizada por el organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda no se traduzca en un aumento superior al siete por ciento en la cuota del impuesto de 2008 respecto a la resultante que se abonó en el ejercicio anterior.

Por este motivo, el director general de Política Fiscal y Financiera hizo un "llamamiento a la calma" de aquellos contribuyentes que en la actualidad estén recibiendo las correspondientes comunicaciones de la modificación del valor catastral de sus bienes rústicos, ya que esas notificaciones recogen únicamente una estimación de la citada cuota a título informativo, y en todo caso sin que la misma recoja la bonificación antes aludida, que hará posible que la liquidación del impuesto en 2008 no sea superior al siete por ciento sobre la de 2007.

En una comparecencia pública acompañado por el gerente de Jereyssa, la empresa municipal de recaudación, Carlos Fontán, Cornelio Vela señaló igualmente que "el Ayuntamiento y el Catastro tienen un convenio de colaboración que ha permitido que las comunicaciones referentes al IBI urbano sí incluyan, si bien de forma aproximada, esa bonificación establecida en las Ordenanzas Fiscales". Sin embargo, ese convenio no rige el IBI rústico, "por lo que para conocer el importe real de ese impuesto habrá que esperar a que el Catastro nos facilite el oportuno censo y a que sobre los valores catastrales se aplique la bonificación en la cuota íntegra del impuesto, lo que quedará efectivamente reflejado en los recibos que emita Jereyssa aproximadamente en el mes de septiembre". Como se recordará, el IBI rústico suele pasarse al cobro en el segundo semestre del año.

En cualquier caso, la revisión de los valores catastrales, que no se acometía desde hacía prácticamente dos décadas, provocará revaloraciones espectaculares que a la larga podrían terminar por incrementar sobremanera la cuota que actualmente se paga. De hecho, el Catastro ofrece a los consistorios un plazo de diez años para amortiguar las subidas. En este sentido, el gobierno ya medita, como deslizó Vela, entre aplicar una rebaja del tipo impositivo (actualmente en un 1,167%) o seguir efectuando diferentes bonificaciones que atenúen el impacto de las subidas en los nueve años que restan hasta adaptar por completo el IBI a la nueva ponencia de valores. "Tenemos la obligación de acomodar la subida, pero sería irresponsable pronunciarme ahora", dijo.