El pasado ocho de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, y por esto, conviene recordar que un paso hacia la igualdad efectiva se dio con la aprobación de la Ley sobre la Titularidad Compartida.

El pasado mes de enero se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley de Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias. Esta norma viene a dar respuesta a la histórica reivindicación de las mujeres de COAG para impulsar la visibilización del papel de la mujer no solo en el medio rural sino en la actividad agraria.

Y es que aunque históricamente las mujeres han compartido con los hombres las tareas agrarias, esta labor nunca ha gozado de reconocimiento jurídico, económico ni social. Las agricultoras y ganaderas han formado parte de uno de los colectivos más invisibles de la sociedad actual, pues al hecho de vivir en el medio rural se suma el hecho de trabajar en el medio agrario, un sector fuertemente masculinizado en el que el trabajo de la mujer ha sido calificado hasta ahora como mera colaboración. En Andalucía, casi el 75% de los titulares de explotaciones agrarias son hombres. Este dato nos indica hasta qué punto el trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias se considera secundario.

La mano de obra femenina en el sector agrario es fundamental e imprescindible para las explotaciones familiares agrarias, pues se caracterizan por su menor dimensión, así como porque, en términos generales, disponen de menos recursos económicos. Sin embargo, el trabajo de las mujeres en el sector agrario ha permanecido en un segundo plano, a la sombra de otras muchas funciones igualmente poco reconocidas, pues es de resaltar que las mujeres asientan la población a los territorios rurales y se erigen como garantes del mantenimiento de la cultura y patrimonio rural.

Esta norma se constituye como base para el reconocimiento de un verdadero estatuto jurídico de la mujer agricultora que potencie el papel de las mujeres en las explotaciones agrarias y dé lugar al reconocimiento no sólo de su actividad profesional sino también de sus derechos sociales, económicos y profesionales.

De la nueva ley hay que resaltar dos aspectos fundamentales. El primero es el reparto de las ayudas agrarias y beneficios de la explotación al 50% entre ambos cotitulares. Ha sido una de las reivindicaciones más importantes y en la que más hemos insistido desde nuestra organización pues permite que las ayudas, pagos, derechos de producción, primas y cuotas que correspondan se atribuyan conjuntamente a los titulares inscritos.

Y en segundo lugar figura el reconocimiento del derecho a la compensación económica. Es una de las grandes novedades de la ley y radica en el reconocimiento de un derecho de compensación por el trabajo efectivamente realizado y no reconocido legalmente. Así, aquellas mujeres que habiendo participado de manera efectiva y regular no reciban pago o contraprestación alguna por el trabajo realizado, y no hayan constituido con su pareja una cotitularidad compartida, tendrán derecho a una compensación económica, tanto en los supuestos de transmisión de la explotación como de extinción del matrimonio.

En Andalucía, se beneficiarán de esta ley un numeroso grupo de mujeres cónyuges cifrado en más de 100.000 personas, que representan a nivel estatal el 19,30%. El perfil típico de estas mujeres es una edad de 50 años, casada, madre de dos o tres hijos, que dedica ocho horas diarias al trabajo doméstico y cinco horas a su actividad profesional.

Desde COAG siempre se ha resaltado que la igualdad no es cosa de mujeres sino de todas y todos los ciudadanos. Alcanzar la verdadera igualdad supone reconstruir un modelo social donde la corresponsabilidad sea el principio vertebrador de una nueva forma de convivencia también en el medio rural. Asimismo, seguiremos apostando por una explotación familiar agraria sostenible, que permita a sus titulares vivir de sus producciones dignamente, garantizando el relevo generacional y utilizando de forma responsable los recursos naturales.

Por estos motivos desde COAG - Cádiz, se está informando sobre la aplicación de la ley para que las mujeres que así lo soliciten puedan adquirir la condición de cotitular de su explotación mediante la inscripción en el registro administrativo dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca.