Los privilegios de la Iglesia católica a la hora de registrar a su nombre inmuebles, incluso de dominio público, se plasmaron en una ley de 1946, pero se ampliaron en 1998 con la posibilidad de inmatricular también los templos de culto.

Solo en ese último periodo, hasta que en 2015 se reformó la Ley Hipotecaria, se inscribieron casi 34.961 bienes, recogidos en el listado presentado este martes en el Consejo de Ministros por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. De ese total, 20.014 fincas son templos de la iglesia o dependencias complementarias y 14.947 son otro tipo de fincas: terrenos, solares, viviendas o locales. Además, ha precisado que 30.335 inmatriculaciones responden a una certificación eclesiástica y 4.626 se han inscrito bajo un título distinto.

La polémica sobre las inmatriculaciones -registrar una propiedad por primera vez- llevadas a cabo por la Iglesia ha sido una cuestión recurrente en los últimos años y el Congreso reclamó un informe en 2017, tras cuestionarse el derecho de propiedad de la Iglesia sobre uno de los más emblemáticos, la Mezquita de Córdoba.

Carmen Calvo ha explicado que la modificación de la Ley Hipotecaria realizada por el Ejecutivo de José María Aznar el 30 de diciembre de 1996 "favoreció que se pudieran inscribir a título de propiedad los bienes eclesiásticos con la certificación expedida por el diocesano correspondiente. Una nueva reforma de la norma, en el año 2015, puso fin a esa posibilidad.

Según se desprende de este informe, la Iglesia posee en Jerez un total de 15 inmuebles, sólo uno de ellos, la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, posee un título distinto de la certificación eclesiástica. El listado incluye la Catedral, las basílicas de la Merced y el Carmen, templo y dependencias parroquiales de Corpus Christi, el templo parroquial de la Resurrección, complejo parroquial y guardería Santa María, capilla Nuestra Señora de El Portal, Nuestra Señora de Fátima, ermita de San Telmo, San Pedro, San Miguel, Las Angustias, capillas de La Yedra y Los Desamparados y una casa. 

Ya es posible la consulta pública del origen de la inmatriculación de los bienes inmuebles, lo que podría facilitar su reclamación en caso de conflicto sobre su titularidad.

La vicepresidenta ha aclarado que las inmatriculaciones se produjeron "al amparo de una situación legal. Esa legalidad, ha añadido, provocó un volumen que ahora puede ser contestado por las vías administrativa y judicial".

En Andalucía, la Iglesia ostenta 1.758 inmuebles, 49 en la provincia de Cádiz.