Promotoras y constructoras copan el listado de sociedades domiciliadas o vinculadas a Jerez que aparecen en el listado de morosos con la hacienda pública publicado la pasada semana por la Agencia Tributaria. Junto a ellos se encuentran sociedades de Nueva Rumasa, el Xerez Club Deportivo o Brassica, una firma dedicada a la restauración. Casi todas se encuentran en la actualidad en procesos concursales o están ya en fase de disolución y liquidación.

El listado de firmas jerezanas en este listado de morosos, donde aparecen aquellas que tienen una deuda con el fisco superior al millón de euros, se encuentra encabezado por Complejo Bodeguero Bellavista SLU, perteneciente a la actividad bodeguera del grupo de Nueva Rumasa (Garvey), que lleva en un proceso concursal desde hace más de cuatro años -sus débitos con el fisco alcanzan los 13,2 millones-. Eso sí, no es la única del entramado de la familia Ruiz Mateos que aparece en este listado pues también están, entre otras, Garvey B.V., la firma domiciliada también en el complejo bodeguero de la antigua carretera de circunvalación y con una deuda de 7,4 millones, e Inversiones Ruiz Mateos SA, con unos pagos pendientes que superan los 1,2 millones de euros (esta última se encuentra domiciliada en Madrid). El segundo en el 'ranking' jerezano en impagos con hacienda pública es el Xerez Deportivo, con una deuda de unos 10,2 millones de euros, tal y como informara este periódico el pasado jueves. La sociedad anónima deportiva lleva años atravesando la peor situación económico-deportiva de su historia que ha provocado que su futuro no esté nada claro .

A partir del tercer puesto comienzan a aparecer las empresas vinculadas a los años gloriosos del ladrillo que, con la crisis, acabaron siendo devoradas por los números rojos y unos activos excesivos y sobrevalorados. Jerez Ciudad de Negocios SA, una sociedad vinculada al ex presidente xerecista Joaquín Morales y donde se encontraban también otros como José Luis López (conocido como 'El Turronero') o Sebastián Romero (Rochdale). Esta firma promovió suelo para ampliar el Parque Empresarial (los suelos están urbanizados pero apenas se han implantado empresas), una operación urbanística muy cuestionada por el precio que el Ayuntamiento le vendió los suelos en 2006. Los impagos apuntados por la Agencia Tributaria por esta empresa se sitúan en los 9,4 millones. La sociedad se encuentra actualmente en manos de un administrador tras entrar en concurso de acreedores.

En ella aparecen también dos de las promotoras más importantes que tuvo la ciudad en los años gloriosos del ladrillo. Por un lado, Rochdale debe al erario público más de 2,4 millones de euros mientras que Rentas y Vitalicios SL, 1,8 millones. La primera ya se encuentra en proceso de liquidación de sus bienes tras declararse en quiebra en 2013. Precisamente, sus activos salieron a subasta el pasado mes de septiembre. También se encuentran entre las más deudoras dos sociedades que promovieron el desarrollo urbanístico inconcluso de Montecastillo (ambas lideradas por la sociedad Montecastillo Royal Golf). En conjunto, los débitos superan los 5,5 millones de euros.

También aparece una de las empresas vinculadas al promotor José Grimaldi, que forma parte del elenco de acusados en la causa judicial por las obras que ejecutó ilegalmente el Ayuntamiento en la casa de la hermandad del Rocío. Cartuja, Urbanizaciones y Obras Civiles, de la que era su administrador hasta entrar en concurso de acreedores, mantiene un débito con Hacienda de 1,5 millones de euros.

Otras constructoras domiciliadas en Jerez con débitos con el fisco son Azahar Inmuebles (algo más de un millón de euros) y Construcciones Avisur (1,9 millones). En este grupo también se han incluido otras promotoras muy vinculadas a Jerez, aunque domiciliadas en otras ciudades como Saheca SA (1,3 millones en deudas), Reyal Urbis (uno de los mayores débitos del país con unos 378 millones) o la malagueña Eve Marina, que centró su actividad en Montecastillo (más de 29 millones).

Este grupo de los mayores morosos lo completa la firma Brassica Group, que se encontraba afincada en el PTA (Parque Tecnológico Agroalimentario). Esta empresa que se dedicaba a la preparación de alimentos para comedores -tenía, de hecho, un concierto con la Junta para atender a varios centros educativos- entró en concurso de acreedores en 2013. Sus deudas con el Estado alcanzan los 1,9 millones de euros.