Es un fenómeno que crece por toda Andalucía. Jerez no es ajeno al mismo. Se trata de los ‘narco-okupas’, personas que fuerzan una vivienda de propiedad ajena para dedicarse a cultivar marihuana, la droga de moda entre los jóvenes. No se meten dentro para vivir. No les hace falta. No en vano la inversión que se debe acometer es elevada bajo la premisa de que conseguirán unos ingresos muchos más altos una vez muevan la droga por el mercado negro. Con esa inversión podrían empezar a tener casa propia. Pero no les interesa.

No hay datos oficiales, aunque las fuerzas del orden siguen muy de cerca este fenómeno desde múltiples vertientes. De un lado está el alto riesgo de incendio que suponen pues la mayor parte de ellas cuentan con enganches ilegales de luz dados los enormes gastos que les suponen mantener iluminadas con lámparas de ‘luz solar’ las plantas para un rápido crecimiento, así como hacer funcionar los extractores e inhibidores del fuerte olor que desprenden estas plantaciones. De otro lado está el fraude a la compañía suministradora de electricidad y, de otro, la ocupación de una propiedad privada.

Refiere el dicho popular que “Quien hizo la ley hizo la trampa”. Es por ello que ese elevado consumo eléctrico suele ser la mejor pista para saber dónde se puede estar perpetrando este delito. Conocedores de estos hechos, la última práctica que han desarrollado ha sido la de conectarse a la red de alumbrado público, que no está tan controlada como la de una comunidad de propietarios que puede dar la voz de alarma. Otra de las pistas que se suelen utilizar es el olor, o incluso el hecho de que vecinos de un bloque comiencen a padecer jaquecas y mareos de forma masiva.

Como ha quedado dicho no hay cifras aunque se estima que en Jerez en la actualidad pueden estar funcionando decenas de estas plantaciones, especialmente en barriadas de la zona sur y la zona rural.

La labor policial no es fácil. Ni mucho menos. Si un ‘narco-okupa’ planta en un piso que no es de su propiedad lo hace para que no se le vincule con el mismo. Para detenerle con las suficientes pruebas que hagan posible la acción judicial, en ocasiones deben realizar seguimientos al sospechoso y, una vez probada su vinculación con el piso, detenerle cuando está dentro. Es por ello que no en no pocas ocasiones contratan vigilantes tanto para evitar que terceras personas les roben las plantaciones de marihuana como para intentar detectar la presencia policial. Es lo que siempre se ha conocido como ‘dar el agua’.

Por motivos de seguridad, los inmuebles que suelen estar más demandados son explotaciones agrarias abandonadas al aire libre, si bien sobre ellas siempre sobrevuela la posibilidad de que la Guardia Civil las detecte. Después están las casas aparentemente abandonadas y, en tercer lugar, los pisos del extrarradio de la ciudad que han quedado abandonados tras no ser vendidos o después de que sus dueños no pudieran hacer frente a los pagos durante la crisis económica.

Los principales aliados de las fuerzas del orden en esta lucha contra el cultivo de marihuana son dos: de un lado los vecinos, que en muchas ocasiones no se explican el ronroneo constante de motores a todas horas del día; y de otro están los ‘extraños’ cables que pasan de una farola o un farol del alumbrado público en dirección a una vivienda. A este respecto se debe señalar que incluso se han dado casos de cables perfectamente soterrados que atravesaban calles enteras, de una acera a otra.

Los cierto es que el cultivo se extiende como una mancha de aceite, especialmente por toda Andalucía. Durante años cuerpos como la Guardia Civil tuvieron en la fuerza de esta planta uno de sus mejores aliados. No en vano puede sobrepasar los dos metros de altura y es entonces cuando empiezan a ser visible desde metros de distancia y sobre las tapias. Y los agentes, casi siempre en la zona rural, actuaban.