Casi la totalidad -el 95 por ciento para ser exactos- de las prestaciones en beneficio de la comunidad que fueron impuestas a menores infractores juzgados en Jerez en 2006 han prescrito sin que llegaran a llevarse a cabo, según se pone de manifiesto en la memoria correspondiente al ejercicio de 2007 de la Fiscalía de Menores.

Estas medidas, las más habituales para adolescentes que han cometido delitos o faltas (hechos menos graves), pero que aún no cuentan con la mayoría de edad, han prescrito finalmente, señala la memoria, ante la imposibilidad de llevarlas a cabo.

El informe de la Fiscalía de Menores señala que las prestaciones sociales impuestas por los jueces en 2006 únicamente se cumplieron en casos excepcionales y contadísimos, mientras que también están en el aire las dictadas el año pasado (2007), pendientes aún de ejecución.

Pese a la paulatina incorporación de las instituciones públicas, el principal problema para el cumplimiento de estas medidas es la falta de un convenio entre la Junta de Andalucía, a quien corresponde funcionalmente la ejecución, y los ayuntamientos u otras entidades en las que desarrollar estos servicios sociales.

Ahora bien, la prescripción de las 'penas' en forma de prestaciones en beneficio de la comunidad fomenta la sensación de impunidad entre los menores que cometen infracciones bajo la jurisdicción jerezana, que además del término municipal, atiende casos de poblaciones de la sierra, y Costa Noroeste (Chipiona y Sanlúcar).

A fin de cuentas, esa falta de castigo es contraproducente con los objetivos que persigue la judicatura de Menores, esto es, corregir una conducta de manera inmediata para que esos comportamientos delictivos sean sólo algo anecdótico y que no se conviertan en habituales.

Además, la prescripción de las prestaciones sociales deja cierta frustración entre los profesionales de la Justicia que atienden los asuntos de menores y que no ven resultado al trabajo que desempeñan.

Junto a las prestaciones en beneficio de comunidad, la Memoria de la Fiscalía de Menores también alude a los problemas en torno a la ejecución de la libertad vigilada, la segunda medida por la que más se inclinaron los jueces en sus sentencias el año pasado. Según el informe, la aplicación de esta medida puede demorarse meses por la escasez de educadores -no llegan a una decena-, los responsables entrevistarse con los menores infractores y de controlar su evolución.