La sociedad Parque Tecnológico Agroalimentario SA acabó condenada a la liquidación porque, en román paladino, abarcó más de lo que podía asumir. Era una sociedad que se creó en marzo de 2007 para encargarse de la gestión de un enclave tecnológico agroalimentario llamado a ser un referente en este sector a nivel provincial y autonómico. Sin embargo, ha acabado siendo un polígono industrial más que está condicionado por una sociedad gestora ahogada por las deudas tras embarcarse en proyectos para los que no tenía capacidad económica. También ayudó, sin duda, la controversia política que, desde el germen de este proyecto allá por 2003, generaron PSOE y PP convirtiendo este enclave en otro campo de su interminable guerra.

La tumba de la mercantil participada por la Junta y el Ayuntamiento comenzó a cavarse con la construcción de dos edificios, el Centro Tecnológico del Vino y el Contenedor de Empresas, dos inmuebles que a día de hoy continúan inacabados y, por ende, cerrados. Para ello, la sociedad no dudó en recurrir a distintas líneas de crédito que habilitaron las administraciones públicas, fundamentalmente el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades -en aquel entonces solo era de Ciencia e Innovación- por más de 10 millones de euros mediante préstamos y anticipos reembolsables. Finalmente, y ante la incapacidad de la sociedad de generar otros ingresos que no fueran por la vía de las subvenciones o las transferencias de sus socios -a ello se sumó un periodo de grave carestía presupuestaria de las administraciones públicas- acabaron propiciando que el PTA ni pudiera hacer frente a las devoluciones ni realizar las aportaciones económicas que le correspondían, condenándole sin remedio al colapso económico. De hecho, no pudo acabarlas en plazo y tuvo que renunciar a algunas líneas concedidas para el equipamiento de estos edificios. Muestra de esa incapacidad para generar ingresos son las dos últimas cuentas de la sociedad remitió al Registro Mercantil, la de los ejercicios 2012 y 2013 donde su facturación fue de 97.000 y 31.000 euros, respectivamente, unos importes irrisorios para afrontar un pasivo que por entonces ya superaba los 8,4 millones de euros. Entonces, se fijaba que el valor de sus activos superaban los 11 millones de euros; ahora, en el proceso de liquidación, sus principales propiedades -el Edifico Multiusos y los inmuebles - se ha tasado en un precio de apenas cuatro millones de euros; y es más que previsible que aún esté muy por encima de lo que alguna empresa o administración esté dispuesta a pagar.

Por ello, en 2015 se aprobó un proceso de liquidación que tuvo que paralizarse ya que al año siguiente se vio obligada a presentar un concurso de acreedores. Desde ese momento, la potestad de las decisiones pasaron al Juzgado de lo Mercantil y, por ende, al administrador concursal. Así, y a pesar de los diferentes anuncios, a la sociedad no le ha quedado otra que entrar en un nuevo proceso de liquidación. Pero aún es pronto para saber qué ocurrirá con sus bienes y si serán viables los planes de reflotación que llevan años anunciando la Junta y el Ayuntamiento.