Uno de los letrados de las partes reconocía ayer que el Supremo siempre le impone. No es de extrañar. El que suele manejarse por las frías dependencias judiciales de la provincia con frías paredes blancas y simples muebles de oficina se siente como pez fuera del agua en unas salas rica y suntuosamente decoradas con cuadros y grandes muebles de caoba. Pero, en el fondo, es igual a cualquier sala judicial al uso. A un lado, en un gran banquillo eso sí, las tres acusaciones; al otro, el letrado de la acusación y la Fiscalía; y en el centro, los cinco magistrados encargados de analizar el recurso 1853/2013, la penúltima esperanza de Pedro Pacheco para evitar el ingreso en prisión (el indulto es otra posibilidad) .

La vista pública comienza con unos minutos de retraso. Juan Pedro Cosano, el letrado del Ayuntamiento, llega tarde por la huelga de taxis que ha paralizado medio Madrid. Ni están ni se espera presencia de los condenados en primera instancia. No es necesario. La vista se limita a que las partes resuman los recursos y las contestaciones a estos que presentaron meses atrás. A la casación han recurrido tanto Pacheco como López y Cobacho; pero también lo ha hecho la Fiscalía, que quiere una pena de cárcel mayor. El presidente de la sala pide a las partes celeridad porque los magistrados "tienen muchos temas que atender". Aunque a uno de los abogados le sorprende que se celebre esta vista, porque la mayoría de las veces basta con la presentación de los escritos, el 'jefe' de la sala deja claro que así lo fija la Ley de Enjuiciamiento.

Todo transcurre en apenas 75 minutos porque los tiempos de intervención de cada letrado se limitan. Las intervenciones no se centran tanto en los hechos como en la fundamentación jurídica, tal y como es habitual cuando se llega a esta instancia judicial. A las doce y trece minutos culmina una vista que pocas novedades aporta. La defensa mantiene que el ex alcalde estaba capacitado para hacer las contrataciones y que los beneficiarios hicieron labores de asesoramiento; en cambio, la Fiscalía y el Ayuntamiento dicen que no hubo contraprestación laboral por lo que se produjo un perjuicio para las arcas públicas. La justicia espera ya al Supremo.