El parque tecnológico aprueba hoy acudir al preconcurso de acreedores

Los accionistas abordan en junta general extraordinaria la crítica situación económica del PTA El Gobierno central reclama la devolución de 7,4 millones por proyectos inacabados

La alcaldesa, el delegado del gobierno andaluz en la provincia y el delegado territorial de Agricultura, Federico Fernández, en una visita a una empresa instalada en el PTA de Jerez. /Pascual
La alcaldesa, el delegado del gobierno andaluz en la provincia y el delegado territorial de Agricultura, Federico Fernández, en una visita a una empresa instalada en el PTA de Jerez. /Pascual
Á. Espejo Jerez

04 de septiembre 2014 - 01:00

El parque tecnológico agroalimentario vuelve a ser motivo de enfrentamiento entre el gobierno local y la Junta de Andalucía, que ya protagonizaron un duro enfrentamiento con el cambio de gerente y la posterior salida de los vocales del Gobierno andaluz del consejo de administración del parque. El consejo de administración del PTA ha convocado para hoy junta general extraordinaria en la que se informará de la difícil situación económica de la sociedad con idea de que los accionistas aprueben la solicitud del preconcurso de acreedores. Es decir, el PTA es inviable si no entra en suspensión de pagos.

El objetivo de esta medida es ganar tiempo para hacer frente al pago de la deuda que acumula el parque, al que el Ministerio de Economía y Hacienda reclama la devolución de subvenciones concedidas para la construcción y el equipamiento de los edificios del Centro Tecnológico del Vino y el contenedor de empresas agroalimentarias por importe total de 7,4 millones de euros al no haberse completado los proyectos en los plazos previstos.

El gobierno local anunció ayer la convocatoria, que según explica en un comunicado, responde a la necesidad de "adoptar una decisión que garantice la viabilidad de la sociedad tras tener conocimiento a raíz del cambio de gerente de la desastrosa situación en la que se encontraba el parque por una nefasta gestión del PSOE", en alusión al anterior periodo de los socialistas al frente del Ayuntamiento.

El anuncio del Ayuntamiento, sin embargo, vio la luz tras una filtración a la prensa del contenido de un informe de la Junta sobre la insolvencia de la entidad, de la que la Junta culpa a la mala gestión del gobierno local antes y después del cambio de gerente del parque, conflicto que provocó la salida de los vocales del gobierno andaluz del consejo de administración del PTA.

Desde que el consejo de administración aprobara a principios de agosto convocar la junta general de accionistas, responsables municipales y autonómicos han mantenido varios contactos para abordar la situación económica del parque y la necesidad de acudir a la vía concursal, encuentros de lo que no había trascendido información.

Tras la filtración de la noticia, el gobierno local emitió ayer un comunicado en el que explica que la propuesta de declarar el preconcurso tiene por objetivo "garantizar la viabilidad del parque y, por tanto, su continuidad, tal y como se ha hecho con otras empresas como Cirjesa u Onda Jerez".

"Desde que el nuevo gerente asumiera la gestión -del parque-, hace ahora un año, se ha estado trabajando precisamente para poner orden en sus cuentas", señala la nota informativa, en la que se subraya que "se ha tenido que tomar esta decisión por responsabilidad y teniendo en cuenta la realidad del parque".

El gobierno local hace "corresponsable" a la Junta de Andalucía de la situación del PTA, que se ha visto agravada por "la deuda de más de un millón de euros" que mantiene el ejecutivo andaluz con el parque.

El ejecutivo del PP también recuerda que "este gobierno fue el que puso en conocimiento de la Fiscalía el informe de la Intervención General del Estado en el que se ponen de manifiesto las irregularidades cometidas en el contenedor de empresas", al tiempo que alude, como ejemplo de la "nefasta gestión" del PSOE, al conocido como caso PTA, por el que la anterior alcaldesa socialista, Pilar Sánchez, "está acusada de presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias con el fin de conseguir que una empresa especializada en labores sanitarias se instalara en un parque dedicado a la investigación agroalimentaria".

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