A pesar de que el Gobierno central y el PP lleven meses asegurando que su continuidad está garantizada, las pedanías de todo el país siguen temiendo por su futuro, de ahí que hayan iniciado movilizaciones contra el proyecto de ley de reforma de la administración local ya que consideran que esta normativa supondrá su desaparición. Ayer, la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM) convocó a todos los ayuntamientos pedáneos a cerrar durante una hora, una movilización que contó con el respaldo de los siete núcleos rurales del término municipal jerezano (Guadalcacín, La Barca, Torrecera, Estella, Nueva Jarilla, El Torno y San Isidro). Además, se ha organizado una manifestación en Madrid para el próximo 27 de septiembre que acabará frente a La Moncloa.

El texto normativo, aprobado por el Consejo de Ministros semanas atrás y que ahora deberá iniciar su tramitación parlamentaria antes de que entre en vigor, modifica las dos leyes que son los pilares del funcionamiento de las administraciones locales (la de bases de régimen local y la de haciendas locales). El reproche que realizan las pedanías a los cambios propuestos es que, según el presidente de FEEM, Antonio Martín Cabanillas, provocará la progresiva desaparición de estas administraciones puesto que no se concretan las competencias ni las vías de financiación. "Una muerte por asfixia", dijo.

Para empezar advirtió que el proyecto de ley hará que las pedanías dejen de ser consideradas como entidades locales. Esto provocará, según la federación que queden "excluidos" de todo tipo de ayudas públicas al no cumplir con los requisitos para acogerse a los planes provinciales o las subvenciones del Profea (antiguo PER), entre otras. Por otro lado, la entidad advierte que estos ayuntamientos quedarán "desregulados" ya que no se "clarifican" las competencias, una labor que quedará en manos de las comunidades autónomas. Actualmente, en Andalucía está en vigor la Ley de Autonomía Local que, para la federación, es claramente mejorable. Sin embargo, el representante de la federación aseguró que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que advierte que el "marco general" debe esbozarlo el Estado.

En cuanto a la financiación, señaló que tampoco se hace mención de ella en el texto aprobado por el ejecutivo central permitiendo que sea regulado por las comunidades autónomas y los ayuntamientos y dejando a estas entidades "sin garantías" de obtener los ingresos necesarios para desarrollar su actividad.

Otro de los artículos discutidos por estas administraciones es que se le dará potestad a los ayuntamientos matrices para proceder a la liquidación de una pedanía si sufre problemas financieros. Por ello, advirtió que se puede producir un "contrasentido" en casos como Jerez, con un ayuntamiento con problemas financieros que, para tratar de resolverlos, pueda plantear el cierre de los consistorios pedáneos, aunque estos últimos estén saneados.

Además, se extremará el control financiero sobre estos organismos ya que, una vez entre en vigor el cambio normativo, tendrán tres meses para presentar sus cuentas. En caso de no hacerlo, se podría proceder a su disolución. El secretario de la federación de entidades menores, Miguel Gregorio, señaló que "en muchas ocasiones" sucede que carecen de secretario o interventor para realizar esta tramitación así que dependen de los altos funcionarios del ayuntamiento matriz, y estos suelen estar "desbordados" dejando "para el final a los pueblos".

Finalmente, cuestionó que se endurezcan las condiciones para que estos núcleos pasen a ser pueblos independientes ya que, para empezar, se exigirá que tengan una población mínima de 5.000 habitantes (en el caso de Jerez solo Guadalcacín cumpliría con esta premisa).