Del pelotazo a la hibernación

Los aproximadamente 5.950 metros cuadrados de la antigua estación de autobuses son una de las pequeñas joyas de suelo que aún quedan por desarrollar en pleno casco urbano. Y lo es no tanto por la ordenación urbanística permitida -muy condicionada al estar rodeadas de viviendas- sino por su cotizada ubicación. Este enclave dejó de ser parada de viajeros hace ya más de una década para protagonizar uno de los más tristes episodios de la actividad urbanística en la ciudad. No en vano fue el epicentro de una controvertida operación donde el Ayuntamiento, a través de la desaparecida empresa municipal de suelo (Emusujesa), malvendió unos suelos a una empresa que meses después dio el 'pelotazo' con el traspaso a un tercero que no logró desarrollarlo. Aquello provocó que el ex alcalde Pedro Pacheco-por entonces delegado de Urbanismo-, un directivo de la desaparecida empresa municipal y los empresarios intermediarios fueran condenados a penas de prisión.

Y como tantos otros suelos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, este pasó a manos de un banco ya que la empresa que los había adquirido previamente no pudo desarrollarlos. Meses atrás, otra firma compró el solar e inició los trámites para desarrollarlos y sacar a este enclave de la hibernación en la que se encuentra desde que el último viajero se subió a un autobús hace más de 12 años.

La operación de la antigua estación de autobuses se inició en 2004 cuando el inmueble, que era del Ayuntamiento, fue adquirido por la empresa municipal Emusujesa para instalar un "centro de ocio" -por entonces ya se estaba terminando de construir la actual estación-. La operación no se hizo efectiva hasta el verano de 2005 pero, entonces, la mercantil pública ya tenía ofertas de tres empresas interesadas en adquirir la finca. Las tres sociedades eran Ingeniería Jienense SL, Diseño y Construcciones Cervera SL e Híspalis de Arrendamientos SL. Sin embargo, y tal y como quedó demostrado en el juicio, las tres estaban controladas por Francisco Chaves López y José Luis López, aunque a su frente colocó a varios testaferros que, tras ser condenados inicialmente, fueron absueltos por el Supremo. Meses después, la firma vendió a Bogaz Inmobiliaria la propiedad del inmueble por un importe superior a los tres millones de euros. Sin embargo, las cargas y los condicionantes urbanísticos de la finca acabaron malogrando su proyecto residencial y comercial.

En el PGOU de 1995 se hizo una triple división de este equipamiento. El vestíbulo albergaría viviendas y zonas comerciales; la zona central sería un espacio para equipamiento público, admitiéndose usos comercial y hostelero. Y parte de los andenes irían como zona residencial con una altura máxima de siete plantas. Mientras, en el vigente Plan General, y tras varios cambios, se permitió que esa zona central albergara usos lucrativos aunque vinculados a la actividad comercial y hostelera. A día de hoy, solo se ha desarrollado el antiguo vestíbulo.