El 7 de mayo de 2012, el Ayuntamiento hacía efectivo el secuestro de la concesión administrativa de los autobuses urbanos, que estaba en manos de la empresa sevillana Urbanos Amarillos SL. Técnicos municipales se ponían al frente de un servicio que arrastraba innumerables problemas desde 2010 con carencias en el servicio y conflictividad con los trabajadores por impagos de la nómina. En manos municipales se repararon autobuses (algunos llevaban años sin pasar la ITV), se alcanzó un acuerdo con la plantilla y se adquirieron algunos vehículos de segunda mano al Ayuntamiento de Madrid, además de diseñarse las actuales líneas. En 2014, una vez transcurridos los dos años de secuestro, el servicio público se encomendó a la pública Comujesa.

Sin embargo, en paralelo a esto, Urbanos Amarillos emprendió una batalla legal contra el Ayuntamiento por cada una de las medidas que adoptaba, aunque las ha ido perdiendo todas. La última ha sido una que presentó ante el Juzgado de lo Mercantil por la quiebra de la sociedad, a la que culpaba a los anteriores responsables políticos y técnicos por lo que exigía una indemnización de unos 4,1 millones de euros.

A finales de marzo, se conoció el fallo donde eximía de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento -meses antes, en la vista oral, ya se había exonerado a los políticos (entre ellos la ex alcaldesa, María José García-Pelayo) y a los técnicos- al considerar que la empresa ya estaba en quiebra cuando se produjo el secuestro y que el Ayuntamiento no estaba obligado a cubrir las pérdidas del servicio. También le fueron favorables a los intereses municipales las demandas interpuestas por el secuestro del servicio o la resolución del contrato o la demanda por responsabilidad penal contra algunos ediles del PP.

Eso sí, Ayuntamiento y Urbanos Amarillos aún tienen que llegar a un acuerdo de liquidación por la prestación del servicio y que tendrá su repercusión sobre el balance de Comujesa, tal y como se reflejan en las cuentas aprobadas del pasado ejercicio.

Por el momento, la empresa pública tiene en su apartado de deudores a Urbanos Amarillos que le debería unos 709.000 euros. No obstante, el Consistorio, por ejemplo tuvo que asumir una deuda de 2,1 millones de impagos de la mercantil sevillana con la Tesorería General de la Seguridad Social.