Fue el denominado plan ‘anticrisis’ promovido por el Gobierno de España destinado a impulsar la economía y el empleo en los Ayuntamientos. Jerez asumió el desarrollo de 85 proyectos de carácter urbanístico en barriadas y centro urbano así como otras actuaciones en materia de rehabilitación y creación de nuevos equipamientos deportivos, culturales y de ocio.
Todo esto se llevó a cabo con una aportación por parte del Estado de 28,6 millones de euros para 2009. Según los datos que proporcionó en el Gobierno municipal en 2010 cuando estaba a punto de cumplirse el primer Plan, el 85 por ciento de las actuaciones estaban cerradas restando tan sólo las más complejas.
Esos datos señalaban que el conjunto de iniciativas generaron 1.839 empleos, pronosticando que con el fondo previsto para 2010, de algo más de 17 millones, se crearían otros 750 puestos de trabajo.
Sin embargo el desarrollo del programa tuvo su lado más oscuro, la entonces alcaldesa, Pilar Sánchez, le costó en 2014 ser condenada por malversación de fondos públicos al haber utilizado dinero de estos fondo estatales para el pago de nóminas municipales, algo que legalmente no estaba permitido.
Fue dura la condena: dos años de prisión, siete de inhabilitación y una multa de algo más de 8 millones de euros. En 2015, tras recurrir la sentencia, ésta fue anulada dejándola solo en la pena de inhabilitación.
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