Durante casi cuatro horas se desarrolló ayer el juicio contra el Ayuntamiento por la demanda interpuesta por el comité de empresa de Urbaser, quedando visto para sentencia. La plantilla de la concesionaria de limpieza viaria y recogida de basura y el sindicato CGT consideran que el Consistorio “vulneró” el derecho a la huelga al contratar durante dos días a una empresa externa para la retirada de basura.

A la vista, celebrada en el Juzgado de lo Social número 2, han acudido los miembros del comité de empresa y letrados del gabinete jurídico de la CGT, así como los representantes legales del Ayuntamiento, la concesionaria y también de Tragsa, la empresa externa que el gobierno local contrató durante los paros totales de los empleados. Desde el gabinete jurídico del sindicato señalaron ayer que “ha quedado demostrado que el Ayuntamiento gastó 36.000 euros en dos días y medio para la contratación de Tragsa”. En este sentido, apuntaron que la intervención de una empresa externa “no estaba justificada” ya que la autoridad sanitaria (la Junta de Andalucía) “no alertó de una situación de riesgo para la ciudadanía”. Ante esto, comité de Urbaser y CGT solicitaron que se decretara “la vulneración del derecho a la huelga y la existencia, durante la misma, de esquirolaje externo”.

Uno de los puntos que más llamó la atención para sindicato y comité de Urbaser durante la intervención del letrado de Tragsa fue la “comparación que ha hecho con el vertido de Aznalcóllar y del Prestige. Nos hemos quedado alucinados. Creemos que lo ocurrido en Jerez no se puede comparar con las citadas catástrofes”. 

Para la plantilla de Urbaser esta cita no sólo supone ganar una ‘batalla’ legal, sino que “va más allá. Esto no es por el pasado, sino por el futuro, para que ningún otro colectivo de trabajadores sufra lo mismo que nosotros”, señaló el secretario del comité, Carlos Fernández. El presidente del colectivo, Juan Manuel Cazalla, remarcó que la plantilla se sintió “traicionada” y como “delincuente” por el trato recibido en la jornada en la que se contrató a esta empresa, “al estar retenidos durante horas en un espacio de 300 metros”. De igual manera, cuestionó la decisión de la alcaldesa, María José García-Pelayo, de “mandar” a Tragsa a retirar las toneladas de basura que se acumulaban en la ciudad tras más de dos semanas de huelga a partir de unos informes de “dos técnicos del Ayuntamiento y no de la Junta de Andalucía”.  

Por su parte, el abogado de CGT, Jacinto Morano, afirmó que el pleito contra el Consistorio es “un asunto de envergadura” y defendió que mientras que la plantilla secundó una huelga “legalmente convocada, en la que se estaban cumpliendo los servicios mínimos”, el Ayuntamiento practicó el “esquirolaje externo” contratando a una empresa “para que hiciera el trabajo de los huelguistas”.