Del recuerdo a Paco de Lucía al ERE

La de ayer fue una sesión plenaria que se desarrolló sin pena ni gloria. Es más, la convocatoria de ayer ya ocupa su merecido lugar en el cajón inexistente de las sesiones insulsas de escaso calado para la ciudad. Al menos, fue de agradecer que el nivel de confrontación habitual entre gobierno y oposición se circunscribiera a puntuales conatos de enfrentamiento para que un pleno sin apenas contenido no se alargara más de lo necesario.

La sesión comenzó con un recuerdo al maestro Paco de Lucía, fallecido el pasado miércoles, guardándose un minuto de silencio. En ese momento, en la primera fila del público ya se encontraban Luis Flor y José Antonio Díaz, que minutos después tomaron posesión de sus actas de concejal por el PSOE, culminándose así el relevo en su bancada tras las dos últimas renuncias en sus filas, las de Francisco Lebrero y Margarida Ledo.

La unanimidad fue la nota dominante en una sesión cuyo debate se inició con la aprobación inicial de una tasa que gravará el suministro eléctrico en el parque González Hontoria durante la Feria del Caballo. El delegado de Economía, Enrique Espinosa, explicó que, hasta el pasado año, caseteros y empresarios feriantes contrataban directamente con Endesa el enganche. Ahora, aprovechando la nueva red instalada en el parque por el Ayuntamiento, se regularizará el servicio y se les cobrará a estas entidades en función de una previsión de consumo. En cambio, los grupos de la oposición reclamaron al gobierno local que evite que esto suponga un "sobrecoste" para caseteros y empresarios feriantes.

Foro Ciudadano llevó a pleno la situación de los antiguos pisos de Cerrofruto, que están pendientes de ser derribados una vez que los vecinos han sido realojadas en una nueva promoción. La formación, a través de su concejal Manuel Rosa, reclamó que se proceda en breve al derribo de todos los edificios y a la organización de un concurso de ideas para determinar qué hacer con estos terrenos. Finalmente la propuesta fue modificada en parte tras la intervención del delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz, quien advirtió que no se podía acometer la demolición integral de las viviendas sino que había que realizarlo por fases para evitar que el proceso pueda sufrir retrasos.

También se abordó en el pleno una propuesta del PSOE donde se reclama al Gobierno central que la Agencia Tributaria catalogue las rentas y pensiones de los emigrantes retornados como exentas de tributación ya que se han impuesto sanciones de hasta 25.000 euros por no incluirlas en las declaraciones de los últimos años. Todos los grupos apoyaron por unanimidad la propuesta.

El mayor enfrentamiento lo protagonizaron la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, y el portavoz de Izquierda Unida, Joaquín del Valle, a colación de una proposición del Partido Popular que reclama a la Junta de Andalucía que desafecten los tramos de vías pecuarias que discurren por los núcleos rurales sin que se exija la obligación de establecer trazados alternativos o que, en el caso de que no pueda hacerse, que la vía se quede reducida a su tamaño actual (huella pecuaria). La edil justificó la propuesta señalando que esta autorización permitiría desbloquear los procesos de regularización de viviendas, una iniciativa con la que se pretende reconocer "unas barridas históricas reconocidas en nuestro Plan General de Ordenación Urbana". "Es un problema histórico que lleva padeciendo la zona rural desde hace más de 30 años", advirtió. Mientras, la alcaldesa, María José García-Pelayo, aseguró que la ejecución de un trazado alternativo supone "la expropiación y la compra de terrenos que tendrán que pagar los vecinos".

En cambio, la propuesta fue duramente criticada por Del Valle que advirtió que el vigente Plan General "deja muy claro" cómo es el procedimiento de regularización y el procedimiento para conformar los recorridos alternativos a aquellas vías pecuarias que queden desafectadas advirtiendo que la medida puede ir en contra de la normativa medioambiental. Tampoco fue respaldada la proposición por el PSOE cuya portavoz, Ainhoa Gil, acusó al gobierno local de presentar una propuesta "con nerviosismo y celeridad para tratar de quedar bien con los vecinos". Finalmente, la delegada de Medio Rural aprovechó su intervención para acusar a la Junta de no colaborar con el Ayuntamiento en la desafectación de las vías pecuarias por el enfrentamiento que tienen ambas administraciones en distintos asuntos, entre ellos la gestión del PTA.

Finalmente, Foro Ciudadano elevó una propuesta relacionada con el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) aplicado en el Ayuntamiento en septiembre de 2012. La portavoz de la formación, Rocío Montero, hizo mención de una grabación que circula por las redes sociales donde, supuestamente, el edil Francisco Cáliz se desvincula de los criterios de elección de los despedidos, por lo que reclamó que los detallara. La alcaldesa rehuyó hablar de la grabación y se limitó a leer parte de la memoria que redactó la empresa consultora Deloitte donde detalla el procedimiento seguido en el ERE. El epílogo lo protagonizaron los desempleados que se acogieron al decreto de exclusión social, que continúan reclamando que este programa les permita cotizar por un periodo de tres meses.