"Es un represaliado político"

El PSOE de Cádiz emitió ayer un manifiesto firmado por medio centenar de miembros del partido para mostrar su apoyo al exconsejero jerezano Antonio Fernández. Un comunicado que también rubricaron socialistas jerezanos como Mamen Sánchez (diputada), Blanca Alcántara (delegada provincial de Educación), así como Juan Carlos Camas y los exconcejales Irene Canca, Antonio Fernández Ortega y Francisco Benavent.

Desde el PSOE de Jerez, Francisco Lebrero, portavoz del grupo municipal y vicesecretario general del partido en la ciudad, rechazó ayer hacer declaraciones sobre la entrada en prisión de Antonio Fernández alegando que no es un asunto del grupo municipal y, a nivel de partido, son otras las instancias que, a su juicio, deben pronunciarse. Además, según dijo, no tiene más información sobre el caso que la aparecida en los medios de comunicación. El resto de cargos del PSOE jerezano, incluida su secretaria local Pilar Sánchez, guardaron igualmente silencio sobre el tema.

Mamen Sánchez, sin embargo, fue más allá a la hora de valorar lo ocurrido y no dudó en destacar que "como siempre somos muy respetuosos con las decisiones judiciales pero me parece una auténtica exageración el ingreso en prisión provisional cuando está claro que no existe riesgo de fuga". Además, subrayó que Fernández "ha estado colaborando con la justicia". La diputada socialista reconoció que la madrugada de ayer martes estuvo "todo la noche siguiendo el tema" y, tras conocerse la decisión de la juez Alaya, "le envié un mensaje de texto para que supiera que le enviaba un abrazo muy fuerte y me respondió dándome las gracias y diciéndome que lo mandaban a Morón". Sánchez, que confió en que prospere el recurso y Fernández pueda abandonar la cárcel, subrayó que "no me sorprende ninguna decisión de Alaya" en alusión a que sus pronunciamientos sobre altos cargos de la Junta "siempre coinciden con un día importante para Andalucía". Por ello, recordó que, en esta ocasión, el envío a prisión se ha dado a conocer el día en el que IU celebra el referéndum sobre el futuro Gobierno de la Junta.

Desde el PP de Jerez, el portavoz municipal Antonio Saldaña destacó ayer su "máximo respeto a las decisiones judiciales" y recalcó, en referencia a las ayudas concedidas a empresas jerezanas, que "no hay que cuestionar el destino de esas ayudas, sino la ilegalidad de los procedimientos". Por ello, llamó la atención sobre que hay muchas empresas que han debido recibir las subvenciones sin ningún tipo de irregularidad. Respecto a la condición, hasta ayer, de Antonio Fernández como presidente del Consejo Regulador, Saldaña se mostró convenido de que los responsables de la institución tomarán las decisiones que sean necesarias y "lógicamente no tiene que dañarse ni la imagen de la ciudad ni de dicha institución".

Por su parte, los miembros del núcleo duro de la dirección provincial del PSOE se posicionaron ayer con claridad al lado del ex consejero Antonio Fernández, a quien no dudaron en calificar de "represaliado político" tras ingresar en prisión por orden de la juez que investiga el caso de los supuestos ERE irregulares, Mercedes Alaya. En el manifiesto firmado por medio centenar de cargos orgánicos y públicos del PSOE gaditano se asegura que "no hay, ni puede haber una sola prueba" para culpabilizar a Fernández, asegurando además los dirigentes socialistas que su "injusta" orden de encarcelamiento viene motivada por la "frustración de la derecha más recalcitrante" al verse fuera del próximo Gobierno andaluz.

Este manifiesto de apoyo al ex consejero, trasladado a primera hora de la tarde de ayer a los medios de comunicación, está firmado exclusivamente por integrantes de la corriente crítica a Griñán que manda en el PSOE de Cádiz, dirigida por su secretario provincial, Francisco González Cabaña, y con la que está alineado el propio Fernández. Todos ellos se posicionaron a favor de Alfredo Pérez Rubalcaba para secretario general del partido en el congreso federal del pasado febrero.

Curiosamente este manifiesto de apoyo no está respaldado por ningún miembro de la corriente griñanista, que tiene en el consejero de Gobernación y Justicia en funciones, Francisco Menacho, y en la alcaldesa de Sanlúcar, Irene García, a sus principales exponentes. Fuentes de esta corriente aseguraban ayer que desconocían la existencia de este documento y confirmaron del mismo modo que no habían sido invitados a participar en el mismo. Sí figuraba en primera instancia entre los firmantes Jaime Armario, secretario general del PSOE de San Fernando y que es, junto con Menacho, el único griñanista con peso en la ejecutiva provincial, donde tiene a su cargo el área de Política Institucional. Sin embargo, minutos después la dirección del partido en Cádiz indicaba que su inclusión había sido un error.

Ajeno a las tesis más tibias planteadas ayer desde la dirección del PSOE-A y desde el Gobierno andaluz, el comunicado salido de la sede socialista de Cádiz hace una defensa a ultranza de "la inocencia y la dignidad" de Fernández, de quien se elogia igualmente su "magnífico papel en defensa del empleo y de los derechos de los trabajadores". Incluso se afirma que la causa judicial contra él supone en realidad "una causa contra todos los socialistas de Andalucía". Opina el núcleo duro del PSOE de Cádiz que este proceso "ha sido orquestado por la derecha andaluza con el aval del PP y de un sindicato ultraderechista", en alusión a Manos Limpias, a los que acusa de "tratar de hacer de las tropelías y los desmanes del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y su chófer una causa general sobre la gestión de los gobiernos de Chaves y Griñán", algo que entienden que supone "un burdo objetivo".

Y ahondando en esta teoría indican que esta "derecha recalcitrante" ha "volcado su frustración" contra Fernández después de "no haber podido hundir al PSOE" en las elecciones andaluzas con su "indigna estrategia". Hay también críticas a la juez Alaya, ya que los socialistas gaditanos consideran que Fernández ha sido sometido a un "juicio mediático sin precedentes y sin capacidad ni de defensa, ni de respuesta", que ha sido encarcelado "sin una prueba acusatoria" contra él e incluso que ha padecido unos "inexplicables excesos judiciales que le están situando ante la opinión pública como si del mayor criminal del mundo se tratara".

Entre los firmantes están casi todos los pesos pesados de la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) del PSOE de Cádiz -a excepción de los ya citados Menacho y Armario-, numerosos secretarios generales de agrupaciones socialistas, pero también dos parlamentarios andaluces (Luis Pizarro y María Colón), dos diputados nacionales (Mamen Sánchez y González Cabaña), dos delegadas provinciales de la Junta (Alcántara y Silvia López), cinco diputados provinciales (Cabaña, Pérez Peralta, Olga González, Araujo y Moscoso) y seis alcaldes, en concreto los de La Línea, Barbate, Paterna, Benalup, Setenil y Villaluenga.