El edificio del antiguo restaurante El Bosque, en la avenida Alcalde Álvaro Domecq, ya ha sido objeto del más absoluto de los saqueos. Puertas e incluso ventanas han sido desencajadas de sus quicios para que los ladrones se ganen unos euros en las chatarrerías de turno. Este mismo lunes, este medio pudo comprobar cómo en el interior del inmueble viven al menos dos okupas. No es otra, sólo ésta, la razón por la que recientemente hubiera quienes se preocuparan por las redes sociales acerca de la posibilidad de que hubiera un incendio en su interior al ver salir humo por la chimenea.

La ‘casa’ de El Bosque, como es conocida popularmente, es responsabilidad del Ayuntamiento de Jerez desde los años 50 del pasado siglo. Los hermanos Rodríguez (Alfonso y Antonio) mantuvieron su explotación durante cuarenta años, hasta 2017. La concesión del edificio municipal concluyó a finales de 2017 y el restaurante cerró sus puertas. Dos años y medio después el estado del edificio es sencillamente lamentable. Los primeros intentos de asalto al mismo se acometieron desde los tejados. Es por ello que hay zonas en las que desde los salones se ve el cielo. Después vinieron las vallas forzadas y, finalmente, una entrada que este medio no va a desvelar para evitar que el expolio siga adelante.

Uno de los okupas que viven en el edificio del antiguo restaurante.

Las llaves del inmueble están en manos de la Policía Local de la ciudad, que desgraciadamente ya ha tenido que hacer uso de las mismas en más de una ocasión, la más grave a comienzos de año cuando el saqueo generalizado de las instalaciones deparó un grave escape de gas que obligó a cortar el tráfico en la avenida Alcalde Álvaro Domecq.

Este medio tiene constancia de que cuando el prestigioso empresario hostelero Alfonso Rodríguez dejó el inmueble se llevó consigo todo aquellos que era suyo y que tuviera valor. No en vano acumulaba en el mismo gran cantidad de piezas de bronce de gran categoría así como fotografías, retratos y esculturas. En unas declaraciones a Diario de Jerez en noviembre de 2017 destacó de forma casi profética que “si algo queda claro a partir de ahora es que esta casita de la Avenida ya forma parte del patrimonio municipal. Y debe ser cuidada”. Aquellos deseos, desgraciadamente, no se han cumplido.

Lo más grave de todo este asunto es que al tratarse (como de hecho es) de un bien público que ha quedado abandonado y sin vigilancia, el precio que la ciudadanía podría obtener de su concesión en un futuro a través del Ayuntamiento ha caído en picado. Quien se haga cargo del mismo deberá invertir una cantidad millonaria para devolver el inmueble a la normalidad.