En septiembre comienza un nuevo juicio contra los hijos de Ruiz-Mateos

Este mes de septiembre los seis hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos se sentarán en el banquillo por una presunta estafa, por valor de 13,93 millones de euros, en la operación de compraventa del Hotel Eurocalas, en Calas de Mallorca. El periódico ‘Diario de Mallorca’ detalla que la acusación pide sendas penas de seis años de cárcel para cada uno de los hijos, que ya fueron condenados hace unos meses por el Tribunal Supremo a dos años y medio de privación de libertad por otra estafa en la compra de dos hoteles a una familia mallorquina. También se juzgan en este caso a un sobrino del empresario jerezano y a un colaborador.

Fue en mayo de 2016 cuando la jueza de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma abrió la vía para sentarlos en el banquillo. Los hechos responden a la querella interpuesta en 2011 por Inversiones Grupo Miralles contra el patriarca de la familia Ruiz-Mateos, sus hijos y los dos administradores. Sobre todos ellos pesaban presuntos delitos de alzamiento de bienes y societario.

La decisión de no acudir en su día a los llamamientos de la jueza para declarar como imputado provocó que se ordenara la detención del impulsor del ‘holding’ de la abeja, quien llegó a pasar una noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares a la espera de pasar finalmente a disposición de la instructora.

Tal y como recogía en la resolución judicial en virtud de la querella suscrita por la abogada Isabel Fluxà, fue en mayo de 2006 cuando Grupo Miralles formalizó la venta a Calwell del 99,99% del capital social de Bastimentero, entidad propietaria del Hotel Eurocalas, por 23,67 millones de euros.

Del importe total, se abonó 789.028 euros y se acordó el pago aplazado de 22,88 millones de euros a través de pagarés con vencimientos mensuales y con la garantía y el aval de la sociedad Montumo, así como de José María Ruiz-Mateos y todos sus hijos varones con avales personales hasta la suma de 24 millones de euros.

“Todos ellos avalaron con evidente mala fe, aprovechándose de su ‘acreditada solvencia de cara a la galería’ gracias al nombre de Nueva Rumasa, puesto que ninguno de ellos ni tenía ni tiene activo alguno a su nombre, al menos en España, y tampoco lo tenía la entidad Montumo”, denuncia la querella.

Los pagarés se fueron abonando hasta que en el verano de 2010 quedaron interrumpidos los pagos y en enero de 2011, “dados los problemas de cumplir el calendario de pagos”, se acordó rebajar las cuotas mensuales a la mitad durante un periodo de dos años y sustituir el aval de Montumo por los avales de Clesa. Menos de tres meses después, Clesa presentó concurso de acreedores, lo que, a juicio del denunciante, “demuestra nuevamente el engaño por parte de los deudores”.

En su querella, Miralles señala que está pendiente de pago un total de 12,81 millones, supuesta estafa que se eleva a 13,93 millones al sumar intereses y actas de Hacienda.