La contrata del servicio provincial de recaudación cambia el traslado de su plantilla en Jerez por el despido de dos trabajadores

Asesores Locales Consultoría, subcontrata de la Diputación de Cádiz para la gestión de la recaudación de determinados impuestos del Ayuntamiento de Jerez, ha renunciado al traslado de su personal en la ciudad a otras oficinas de la provincia, pero mantiene el pulso tras la notificación de dos despidos, para los que esgrime razones objetivas.

Tras el acuerdo alcanzado por la empresa y los trabajadores para la revocación del traslado notificado a finales de año, decisión motivada por el rechazo de la autoridad judicial a una medida que consideraba poco fundamentada, la subcontrata vuelve a tensar la cuerda con unos despidos que ya han sido recurridos por los afectados, que han sido citados para un acto de conciliación en el Cemac el próximo 3 de agosto.

Los trabajadores interpretan que los despidos son una “represalia” a las acciones legales emprendidas por el personal frente al traslado. En este sentido, el abogado José Blas Fernández, que ejerce la representación legal de los trabajadores, se pregunta por qué no comunicaron los despidos antes de plantear el traslado, máxime cuando en la oferta presentada por la empresa para la renovación del contrato de la gestión del servicio con Diputación, que expira el próximo mes de octubre, se cita a los ahora despedidos como “trabajadores modélicos” por el buen desempeño de sus funciones.

El abogado recuerda que Asesores Locales Consultoría acumula un largo historial de juicios perdidos en la provincia en materia de despidos y cesión ilegal de trabajadores tanto en los juzgados de la provincia como el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo. “Hasta la fecha, los han perdido todos”, en concreto, una docena de casos de despidos declarados improcedentes o nulos, ocho de ellos con sentencia judicial de readmisión en primera instancia en la institución provincial o recurridos ante el TSJA.

Entre los otros cuatros casos, explica el letrado, un trabajador que era delegado sindical optó por la readmisión; otro empleado que fue indemnizado se reincorporó desde la bolsa de trabajo de Diputación, en otro área, después de apenas tres días en el paro; y los dos últimos están pendientes de resolución de su recurso admitido por el Supremo para solicitar la nulidad de sus despidos, si bien el TSJA ya decretó la cesión ilegal.

La cesión ilegal le sale muy cara a la Diputación de Cádiz

La cesión ilegal, considerada un delito social, obliga a la readmisión de los trabajadores despedidos en la Administración pública que subcontrata determinados servicios que requieren de la firma de un funcionario que en ningún caso puede ser suplantado por un empleado de una subcontrata. “Hay documentos firmados por trabajadores de esta empresa, por ejemplo multas de tráfico, que son nulos, pero los administrados no reclaman porque no lo saben”, indica Fernández.

Para José Blas Fernández “es vergonzoso lo que está ocurriendo” con este servicio en la provincia, ya que una Administración pública como la Diputación de Cádiz se está viendo obligada a incorporar a su plantilla a los trabajadores a los que se reconoce la cesión ilegal -la diferencia del salario bruto anual dentro y fuera de la institución provincial oscila entre los 20.000 y 30.000 euros-, además de asumir los salarios de tramitación que se establecen para compensar la pérdida para el trabajador afectado por un despido nulo o improcedente, las costas de los juicios y los costes sociales, que el abogado cifra en más de un millón de euros.

El abogado recuerda igualmente que esta situación viene de lejos, por lo que confía en que el nuevo gobierno de la Diputación de Cádiz, ahora en manos del PP tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, tome cartas en el asunto para evitar que se prolongue por más tiempo esta situación anómala, que a su juicio, la subcontrata trata de “camuflar” con el traslado de oficinas para hacer ver que el servicio lo lleva Diputación.

Así ocurrió en Jerez, donde al hilo de las primeras sentencias a favor de trabajadores despedidos en la provincia, la empresa alquiló el local de la calle Albadalejo para la apertura de una oficina propia en Jerez, ya que el personal de Asesores Locales Consultoría compartía hasta entonces espacio de trabajo con los funcionarios de Diputación en el local del edificio Forum Chapín de la calle Francisco Riba, cedido por el Ayuntamiento jerezano para la prestación del servicio.

Cabe recordar que la empresa justificó el traslado de sus nueve trabajadores en Jerez, cuatro adscritos al departamento de Inspección y los otros cinco, al de Sanciones de Tráfico, antes de su revocación tanto a razones organizativas como a las quejas de los propios empleados sobre las condiciones de la oficina de Jerez.

Del mismo modo, la empresa desvinculó dicho traslado de las anomalías laborales que motivaron la intervención de la autoridad laboral y judicial en otros centros de trabajo de la provincia. Los contratos “son diferentes”, señaló la empresa.