El PP se quejaba amargamente hace escasos días del camuflaje del 15,6% de los parados reales en las estadísticas que elabora el Ministerio de Trabajo y que, en el caso de Jerez, equivalen a más de 4.000 personas que se corresponden con los fijos discontinuos inactivos inscritos como demandantes de empleo que el Ministerio de Trabajo, y así lo ha admitido en sede parlamentaria, ha dejado de computar como parados. “El Gobierno los ha sacado de las listas del paro aunque están cobrando una prestación como desempleados que son”, criticaba el PP.

Según los cálculos de los populares, la cifra de parados del municipio jerezano, sin el maquillaje, rebasaría los 30.200, con lo que el recorte de diez mil desempleados en los últimos diez años del que hizo gala la alcaldesa, Mamen Sánchez, tras la publicación de los datos de febrero se reduciría a menos de seis mil si se descuentan los fijos discontinuos que están en el limbo.

Curiosamente, que no casualmente, el gobierno local se remontó a febrero de 2013, cuando la comparativa le era más favorable, ya que en esa fecha se alcanzó el máximo histórico del paro en la ciudad, con la friolera de 37.200, unos tres mil desempleados más de los registrados en mayo de 2015 (34.136), cuando Mamen Sánchez ganó sus primeras elecciones.

De acuerdo con estas cifras, el descenso en los dos mandatos que acumula la actual regidora al frente del Ayuntamiento se limita a poco más de tres mil parados, tantos como se recortaron en los dos años anteriores a su llegada a la Alcaldía.

La reducción del paro en la última década oscila entre 10.000 y 6.000 personas, según se mire

Podrían hacerse tantas lecturas, unas más torticeras que otras, como parados hay en Jerez; todo depende del prisma con el que se mire. Y el de los empresarios, que se rigen más por cuestiones prácticas que por los intereses partidistas en año electoral, es el de la transparencia por la que abogan para que los datos estadísticos se ajusten a la realidad para facilitar, de esta forma, la búsqueda de soluciones en el marco de la nueva reforma laboral.

Cumplido un año de su entrada en vigor, no así del periodo transitorio de tres meses aprobado por el Gobierno para facilitar la adaptación a la nueva norma, el presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA) y vicepresidente de la patronal de empresarios (CEOE), Lorenzo Amor, sostiene que la reforma laboral, con la conversión de temporales en indefinidos, bajo la figura de los ‘escurridizos’ para las estadísticas fijos discontinuos, “ha mejorado la seguridad de los trabajadores, por ejemplo a la hora de comprar una lavadora, porque no es lo mismo tener un contrato de tres meses a uno indefinido aunque tenga periodos de inactividad”.

Pese a la bajada de la duración de los contratos fijos, también “ha permitido reducir la tasa de temporalidad a la mitad, pero no ha tenido una afección importante en materia de creación de empleo” y “muchas empresas pueden ahorrar costes al no tener que pagar indemnización en el periodo de inactividad del fijo discontinuo, que mantiene el contrato en vigor”, explica Amor, quien no obstante puntualiza que “a unos sectores les ha venido mejor que a otros, como la construcción o los servicios, no así a la agricultura”, a su juicio, la gran asignatura pendiente de la reforma laboral junto a la ya mencionada transparencia de las estadísticas y para el que defiende que habría que arbitrar una excepción, a fin de permitir la contratación temporal más allá de 90 días, más acorde con las campañas por las que se mueve el campo.

“La reforma no ha tenido gran afección ni en la creación ni en la destrucción de empleo”, sostiene Lorenzo Amor

Al margen de esta cuestión puntual, el responsable de ATA y la CEOE identifica la desaceleración de los últimos seis meses como el gran problema al que se enfrentan los autónomos y empresarios, pues aunque se vende más que en 2021, los gastos también son mayores, sobre todo para los que necesitan un local para el desarrollo de su actividad, ya sea propio o alquilado, situación que tiene especial incidencia en el comercio, la hostelería, la industria y la agricultura.

Hipotecas, alquileres, costes laborales, cotizaciones a la Seguridad Social, materias primas... Todo ha subido, y aunque la inflación refleja una subida media del 9%, la de los gastos se dispara hasta el 20%. “Uno de cada cinco autónomos tiene más gastos por levantar la persiana y la mitad de lo que se factura va a pagar el gas”, indica Amor, quien considera que en este contexto es normal que muchos no aguanten, de ahí la “desaparición en los últimos tres meses de 18.000 autónomos y 18.000 empresas en España” –en Jerez ronda el medio centenar en uno y otro colectivo-.

Aún así, el máximo responsable de los autónomos apostilla que “la reforma no ha afectado ni a la creación ni a la destrucción, sí al mantenimiento del empleo”.