Uno de los grandes problemas económicos que arrastra el Ayuntamiento jerezano es el pago a sus proveedores. Lo corrobora mes a mes el Ministerio de Hacienda cuando publica la deuda y el tiempo que tarda en liquidar a las contratas. El último dato, del mes de marzo, es que se retrasa una media de 11 meses desde que las empresas presentan la factura y el débito supera los 79,9 millones.

Pero, ¿cuál es el motivo de tanto retraso? Ahora se ha publicado en el portal de transparencia del Ayuntamiento un informe de la Tesorería Municipal donde se actualiza el plan de pagos de este año (el documento está fechado a mediados de abril) que da detalle de esta situación. Grosso modo, la causa es clara: el Ayuntamiento no ingresa en el momento que lo que necesita la cuantía suficiente para atender sus obligaciones -el déficit para todo este año se sitúa en los 23,6 millones de euros aproximadamente-.

El informe establece que, a fecha de su elaboración, aún quedaban por pagar en la caja municipal 9.124 facturas por un importe total de 75.640.747 euros. Detalla, además, la fecha de las obligaciones. Así, del ejercicio 2014 se adeudan 2,1 millones; de 2015, 8,2 millones; de 2016, 11,6 millones; de 2017, 43,5 millones y de 2018, 9,9 millones. Mientras, de las anteriores a 2013 se marca su "conveniencia de depurar" estos saldos pendientes basándose en que, al no haber sido aceptada por los proveedores su inclusión en los préstamos para liquidar facturas, pueden considerarse que o bien son "errores contables" o han prescrito por lo que no tendrían que contabilizarse. Mientras, la Tesorería pudo destinar el pasado año unos 52,1 millones al abono de facturas y en los primeros meses de este año, 3,8 millones, una cuantía a todas luces insuficiente para reducir estos adeudos.

El quid de la cuestión de este retraso en el desfase entre entradas y salidas de liquidez radica en la prelación de pagos, es decir, en el criterio aplicado para fijar qué se abona primero. En el informe se detalla que hasta 2013 el orden estaba claro: primero los gastos de personal y luego los de años anteriores. Pero el orden empezó a complicarse con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que le dio prioridad también al pago de la deuda con los bancos y de las facturas de proveedores, pero sin anular el orden anterior estableciéndose así un galimatías jurídico -en el informe se habla de "dispar regulación"-.

La Tesorería Municipal ha optado por aplicar el vigente plan de disposición de fondos donde se prioriza los gastos de personal, que incluye la deuda y obligaciones con la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria- y que, "una vez garantizados" el pago de las amortizaciones e intereses de los préstamos que se suscribieron para atender facturas en ejercicios precedentes, le toca el turno a los proveedores. Ahora bien, se advierte de que ahí es donde empieza el problema ya que la ley de Estabilidad Presupuestaria obliga al Ayuntamiento a dotar de créditos extraordinarios para atender estos pagos por el elevado tiempo de retraso. Por ello, señala que el Ayuntamiento de Jerez, en la situación en la que está, no tiene capacidad para hacerlo ya que ello provocaría el impago de los gastos de personal, de ahí que el "ajuste" se haya tenido que realizar "sobre pagos a proveedores al estimarse esta la única opción".

Por lo tanto, la única salida, según la caja municipal, es que se aplique el 'plan b' que marca esta misma ley. Así, por un lado se plantea que se reduzcan los gastos hasta ajustarse al plan de ajuste que tiene vigente el Ayuntamiento, que se haga un seguimiento y se adopten medidas "sustitutivas" en aquellos casos donde la propuesta no alcance los niveles de ahorro. Asimismo se demanda que se apliquen medidas para aumentar los ingresos.

También apuesta por una "modulación del ritmo de gasto" estableciendo que se pospongan las decisiones de gastos "que tengan carácter voluntario y no esencial". Y por último, propone que se haga un "análisis de impacto en la tesorería" en las políticas relativas a la forma de gestión de servicios. No en vano, ya este medio publicó hace más de un año un informe de este mismo departamento donde advertía de que los procesos de municipalización de servicios iban a perjudicar al pago de los proveedores al incrementarse el gasto en materia de personal.

En el informe se incide en que hay otros factores que también están penalizando el periodo medio de pago. Así, además de un paquete de facturas que asegura que deberían excluirse por fallos o retrasos en la contabilidad, hay otro grupo, con un importe total que supera los 10,4 millones, cuya tramitación de reconocimiento no se ha iniciado por lo que no se pueden pagar. Y también alerta del elevado importe de las facturas en el cajón (las obligaciones no reconocidas).

La Tesorería estima que es factible acabar el año con el objetivo del gobierno de cumplir con el periodo medio de pago en siete meses que fija el plan de ajuste. De hecho, incide en otros factores que permitirán mejorar esta magnitud. En primer lugar el retraso en la entrada en vigor del presupuesto de este año ha penalizado especialmente a los proveedores, una situación que se prevé normalizar durante el año; por otro lado, la desaparición de la Fundación Teatro Villamarta ayudará a reducir el tiempo medio ya que esta entidad tenía retrasos de pago que superaban el año; y luego la suscripción de un préstamo para atender sentencias judiciales que reducirá también el debe. Ahora bien, la Tesorería Municipal concluye en su informe: cumplir con el plan de ajuste es la mejor fórmula para lograrlo.