La Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal que el Ejecutivo quiere sacar adelante se encuentra en un punto muerto por las diferencias que existen respecto a la aplicación entre los dos partidos del Gobierno: PSOE y Podemos. 

La situación de los perros de caza, el punto problemático

Aunque las disonancias entre ambos partidos respecto a la ley se habían hecho patentes con anterioridad, su paso por el Congreso mostró una nueva ruptura entre ambos, después de que el Grupo Parlamentario del PSOE registrara una enmienda que buscaba dejar fuera de esta ley a los perros de caza y a otros animales que participan en actividades de caza o cinegéticas.

Podemos expresó su rechazo a dicha enmienda, aunque intentó ofrecer un punto intermedio respecto al tema: buscando considerar a los perros de caza como mascotas cuando estos no se encuentren participando en actividades de caza. Este modelo conocido como 'modelo Page' por su parecido al que hay vigente en Castilla-La Mancha, no convenció a los socialistas.

La enmienda del PSOE, firmada también por PNV y PP desde el lunes 12 de diciembre, haría que los perros y animales usados para la caza quedaran bajo el amparo de una legislación propia, según lo establecido en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética. De salir adelante, la legislación concreta deberá cumplir en todo caso con la legislación autonómica correspondiente. Un movimiento con el que se pretendía convencer a Podemos.

Otros animales que se quedarían fuera de la protección de la Ley de Bienestar Animal son aquellos usados en actividades profesionales, por ejemplo, perros de rescate o los animales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Estos estarían protegidos por las normativas específicas a niveles europeo, nacional y autonómico. Sin embargo, esto para Podemos dejaría a estos animales desprotegidos y no se combatiría realmente el maltrato animal como se pretende.

Esta disidencia de opiniones entre los partidos se ha saldado con dos días de ponencias infructuosas que han llevado a la suspensión temporal de los debates por la ley en el Congreso, sin fecha fijada para ser retomados de nuevo.

La presión de los cazadores

La redacción de esta ley, por lo menos desde la propuesta de Podemos, no gustó entre los votantes socialistas aficionados a la caza como alertaron algunos barones del PSOE en su momento. Además, en España, la Federación de la Caza (RFEC) es la tercera con más licencias del país y el sector ya demostró su disconformidad con la ley cuando reunió a 150.000 manifestantes (según datos de Delegación del Gobierno) en Madrid. Unos avisos que se vieron también reflejados en intención de voto y en los resultados de las elecciones andaluzas, con la cercanía del resto de comicios, no parece haber pasado desapercibido por los socialistas.