Nos encontramos ante una crisis global en cuanto a la disponibilidad de agua. Una crisis que, en Andalucía y otros territorios, de no actuar y de no planificar correctamente, nos lleva irremediablemente a una desertificación de gran parte de nuestro territorio.

Siempre hemos convivido con las sequías propias de nuestro clima mediterráneo, nos recuerdan los medios, al mismo tiempo que nos dicen que estamos batiendo récords. Los eventos extremos se están acentuando y los periodos de calor prolongado sin lluvia se multiplican. Es más, en el futuro serán más habituales, las lluvias serán cada vez más torrenciales y menos útiles para nuestros cultivos, menos útiles para rellenar nuestros embalses y menos útiles para la recuperación de niveles en nuestros acuíferos. De hecho, lo estamos viviendo ya.

Es evidente que ha llegado el momento de actuar, pero debemos ser muy cautos con las soluciones propuestas. Tradicionalmente en Andalucía los problemas de falta de agua se han tratado de solucionar sólo desde el lado de la oferta, buscando más agua, más recursos. Sin embargo, para que las necesidades puedan seguir siendo cubiertas en el futuro, nuestro objetivo debe dirigirse a mejorar la resiliencia reduciendo nuestra exposición al cambio climático, ajustando nuestros usos de agua a los recursos disponibles y para ello es necesario un cambio estructural de la economía, además de poner nuestro foco en la gestión de la demanda. La naturaleza, nuestro hábitat, se va a adaptar sin duda al cambio climático, pero, ¿seremos capaces nosotros, sus pobladores, de adaptarnos también?

Nuestros acuíferos (que son el recurso estratégico durante las sequías) están en gran medida agotados, en demasiados casos por una sobreexplotación no controlada ni autorizada, además de tremendamente deteriorados por la contaminación. En muchos lugares el uso del agua subterránea no es sostenible y la naturaleza es incapaz de regenerar nuestros acuíferos al ritmo que extraemos agua. Debemos ser capaces de hacer una gestión integrada y sostenible de estos recursos subterráneos junto con los recursos superficiales.

La recuperación de las masas de agua contaminada, a lo que estamos obligados por las Directivas Europeas desde hace más de 20 años, sencillamente está olvidada por todas las administraciones competentes; no solo no se recuperan, sino que se siguen contaminando. Y aquí por fin llegamos a lo que es la principal asignatura pendiente: la Planificación Hidrológica; el uso sostenible de los recursos disponibles y el ajuste equilibrado de las disponibilidades del recurso con los usos previstos.

Dichos usos están priorizados claramente en nuestra legislación, primero se debe garantizar el abastecimiento a la población y los caudales ecológicos para mantener vivos nuestros ríos y arroyos y luego el resto de usos agrícolas e industriales. Los primeros no llegan globalmente ni al 15% por lo que es sencillo de entender que tenemos que ajustar en mayor medida el resto de los usos. Hay que obligar a un uso eficiente y sostenible tanto de los primeros, abastecimiento a poblaciones, como de los segundos, agrícolas e industriales.

Tenemos unos ciclos de planificación hidrológica aprobados que no dan respuesta correcta a este equilibrio. Hay más usos previstos que recursos disponibles y por tanto el equilibrio es imposible. Además, algunos factores derivados del aumento de las temperaturas, como la evaporación, no están debidamente incluidos en este equilibrio entre recursos y usos. Por supuesto siempre se olvida incluir en esta ecuación la recuperación de las masas de agua contaminada a la que estamos obligados.

No es hora de nuevas presas, las tendríamos vacías como las actuales, no es hora de eliminar caudales ecológicos y de “evitar que el agua se pierda en el mar”, muy al 

contrario, hay que preservar y garantizar la vida de nuestros ríos, de nuestros humedales y de nuestros acuíferos y, a partir de ahí, ajustar la demanda a los recursos disponibles, y utilizarlos con eficiencia y sostenibilidad.

Comenzando por el abastecimiento a poblaciones que debe ser gestionado eficientemente por entidades supramunicipales públicas, que son las responsables y competentes, que incluyan el ciclo hidráulico integral y con unas tarifas adecuadas que equilibren los costes de explotación.

Y siguiendo con los otros usos, pero ¿cómo puede ser sostenible la utilización de los recursos de nuestros acuíferos cuando existen 1 millón de pozos ilegales en nuestro país, cuando tenemos más del 80% de nuestros acuíferos contaminados por nitratos fertilizantes y fitosanitarios?

¿Cómo puede ser sostenible un regadío que no ha parado de crecer en los últimos 10 años, y en el que las mejoras en eficiencia jamás han supuesto un ahorro de recursos sino más cultivos, si además todavía tenemos cifras de riego por gravedad y aspersión cercanas al 30%, considerándose el riego por aspersión como eficiente?

En resumen, tenemos que adaptarnos de manera inmediata a las nuevas condiciones que ya nos impone el cambio climático, mejorar la planificación hidrológica adecuando los usos a los recursos disponibles, cuantificándolos correctamente y condicionándolos a su uso eficiente, recuperando las masas de agua contaminadas y vigilando y controlando los usos no legalizados, y todo ello con la participación y la máxima transparencia hacia los ciudadanos para evitar discursos demagógicos que distraen pero que lo único que consiguen es alejarnos de nuestro objetivo como sociedad, que no es otro que preservar el Agua como indispensable para nuestra salud y nuestra economía, es decir, para la vida.