El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, negó ayer que haya propuesto restringir la libertad de circulación de personas en la UE del Tratado de Schengen como pedían Francia e Italia a raíz de la ola de inmigración llegada a Europa tras las revueltas en el norte de África.

En un debate en la Eurocámara, la mayoría de grupos políticos acusaron directamente a Barroso de dejarse presionar por Roma y París, que estarían intentando contentar al electorado de extrema derecha, según criticaron los grupos socialistas (S&D), liberales (ALDE) o la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL).

La mayoría del Parlamento Europeo (PE) criticó la iniciativa presentada hace una semana por la Comisión para restaurar las fronteras interiores, en contra de los principios básicos del Tratado de libre circulación de Schengen.

La crítica más directa contra Barroso fue la del presidente del grupo liberal, el belga Guy Verhofstad, que denunció que la gestión de la inmigración en las revueltas del norte de África "se ha convertido en un partido de ping pong entre Francia e Italia, en el que el perdedor ha sido Schengen".

"Lo que ha pasado aquí es que el ministro de la Liga Norte italiana ha decidido por los Veintisiete qué hacer con los inmigrantes que llegan a Lampedusa", lanzó a Barroso el presidente del grupo socialista, Martin Schultz.

El presidente de la Comisión negó que Bruselas esté cediendo "a presiones populistas y xenófobas" y afirmó que "nuestra propuesta no pretende erosionar la libre circulación sino fortalecerla". "Sé que está de moda ondear la bandera de los extremismos, pero no caeremos ante esas tentaciones", aseguró Barroso.

A su juicio, con la reforma propuesta por la Comisión se garantizará mejor la libre circulación de personas, previa clarificación de las normas de la gestión de Schengen, de forma que no habrá dudas de cuando un país puede decidir unilateralmente el restablecimiento de los controles de fronteras.

"Tenemos que dar confianza a los ciudadanos de que corregiremos los fallos del sistema actual", afirmó Barroso.

En el turno de libre intervención, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar subrayó que el acuerdo de la Europa sin fronteras es un "símbolo" de la UE y advirtió que la Comisión ha tomado la "dirección equivocada" para resolver la situación.

La también eurodiputada socialista Carmen Romero criticó la "debilidad y falta de valentía" mostrada por la Comisión con la propuesta. "No se puede contentar a todo el mundo", dijo Romero, y añadió que la solución pasa por "tener financiación" y un acuerdo entre los estados miembros para una política de asilo común.

Los ministros del Interior de los Veintisiete discutirán por primera vez junto a la comisaria de Interior, Cecilia Malmstrom, la propuesta presentada hace una semana por la Comisión. "Entiendo que las personas que han huido de sus países hacia la UE tenían razones para lanzarse al mar, pero la UE no puede acogerlos a todos", señaló la comisaria en el debate.

Alrededor de 25.000 inmigrantes económicos tunecinos han llegado en los últimos dos meses a la isla italiana de Lampedusa; de ellos, a 20.000 el Gobierno de Berlusconi ha dado un permiso de residencia temporal Schengen que les permite moverse por los países de la Europa sin fronteras.

Italia y Francia solicitaron hace diez días a Barroso que se autorizara la reintroducción de fronteras interiores entre los países firmantes de Schengen para evitar los flujos masivos de inmigrantes a la UE.

Por otro lado, la mayoría de eurodiputados rechazó ayer una propuesta que abogaba por reducir de tres (Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo) a una (Bruselas) las sedes de la Eurocámara para ahorrar dinero a la institución.

La estimación del coste anual por los traslados de lugar de trabajo es de 160 millones de euros, lo que representa el 9% aproximadamente del presupuesto total del Parlamento.

Pese a que los eurodiputados evitaron abrir el debate rechazando la iniciativa, la decisión de cambiar la sedes del Parlamento corresponde exclusivamente a los países de la UE, pues habría que modificar los tratados fundacionales.