La Audiencia ordena que se investigue una posible estafa de la ex interventora

La Sección de la Audiencia Provincial de Cádiz ha resuelto que el Juzgado número 3 de Instrucción de Algeciras continue con las diligencias derivadas de la denuncia hecha por el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, contra la exinterventora Isabel S.V. El regidor trasladó a los juzgados una conversación telefónica grabada por él mismo en marzo de 2015, en la que la funcionaria reconoce que preparó un plan -que inició en 2008- para cobrar un seguro privado por valor de un millón de euros.

Tras una primera denuncia ante la Guardia Civil, el 20 de marzo de 2015, en la que Romero declara sentirse acosado por la denunciada por no atender sus reclamaciones de mejoras económicas, el alcalde acude a los juzgados dos meses más tarde. Es entonces cuando Romero vuelve a denunciar un episodio de acoso, que se traduce en llamadas telefónicas. En una de estas conversaciones, Isabel S.V. le informa que va a iniciar una campaña de descrédito hacia su persona a través de acciones judiciales y mediáticas. Para apoyar su denuncia, el andalucista aporta la grabación de una de esas llamadas.

En el texto de la denuncia, Romero informa que en dicha conversación puede comprobarse que Isabel S.V. mantiene conversaciones con un periódico comarcal de distribución gratuita, previo acuerdo y pago económico, para proceder antes de las elecciones -previstas para mayo de ese mismo año- a dar una serie de entrevistas para difamar públicamente al alcalde, en respuesta a una supuesta campaña de acoso que, según la denunciada, Romero está realizando contra su persona.

"Es también particularmente grave que en la misma grabación manifieste unos hechos que podrían ser un supuesto fraude a la Seguridad Social derivado de la situación legal de incapacidad permanente absoluta que padece actualmente. Se vanagloria -prosigue el texto de la denuncia- de haber planeado minuciosamente desde años atrás con el fin de obtener beneficios de pólizas de seguro fraudulentamente contratadas, que la misma cuantifica en un millón de euros, así como el pago de dos hipotecas".

"Esto ha sido una incapacidad que podía ser de dos tipos, total y absoluta. Y yo he elegido la absoluta, porque con la absoluta me han pagado dos hipotecas, la de mi casa de aquí y la de mi casa del Puerto de Santa María y he cobrado un seguro de un millón de euros", afirma la denunciada en la grabación hecha por el alcalde. Para ello, señala, contrató un seguro en 2008 "porque necesitaba tener unos años de carencia antes de cobrarlo". Y además, asegura que cuando llegue el momento de la revisión de la incapacidad pedirá bajar de la absoluta a la total para poder volver a trabajar en otro puesto. "Lo tenías bien planificado entonces, ¿no?", pregunta Romero. "Hombre, por supuesto... como todo desde que nací", responde la funcionaria.

El juzgado de Instrucción número 3 decidió entonces desestimar y archivar la causa. Ahora, un año después y tras el recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial, ésta señala en un auto del pasado dos de junio que aunque no existe un delito de amenazas o coacciones, sí merece una valoración diferente lo que se refiere al posible fraude con la Seguridad Social.

"Análisis distinto debe hacerse de ese otro comentario espontáneo que hace la denunciada del que podría deducirse, una vez se investigue, que ella ha usado maliciosamente una declaración médica de incapacidad laboral absoluta para obtener distintas prestaciones indebidas de la Seguridad Social e indemnizaciones de seguros privados que tenía concertados. En concreto, un seguro de vida que le ha permitido obtener, dice, hasta un millón de euros, y distintos seguros adscritos a préstamos hipotecarios, que le han servido para obtener el completo pago del préstamo pendiente en las adquisiciones de distintos inmuebles en el Puerto de Santa María, Sierra Nevada, Tarifa y Algeciras", explica el auto de la Audiencia.

Alfonso Meneses Domínguez, letrado de la sala provincial en Algeciras, prosigue en el auto señalando que "si bien éstas podrían haber sido las consecuencias lógicas y legítimas de haberse producido el riesgo asegurado, como es la incapacidad absoluta, sin embargo es ella misma la que admite en la conversación que todo ello lo ha conseguido porque lo tenía planificado desde 2008, y muestra su satisfacción por conseguir tan importantes beneficios gracias al pago de impuestos por el resto de los ciudadanos y al engaño a las compañías aseguradoras".

La sección algecireña señala que, de comprobarse la veracidad de lo manifestado por quien sería su presunta autora "podríamos estar ante un delito del artículo 307 del Código Penal que castiga a quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo; o facilite a otro su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos; o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, pudiendo llegar a ser castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión", explica.

La autoridad judicial considera que "respecto al posible daño producido a las compañías aseguradoras, éste podría estar en el tipo del artículo 248 del Código Penal que establece que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno", algo que puede comportar penas de prisión de un año a seis años y multa de seis a doce meses.

La Audiencia Provincial explica que la decisión del Juzgado de Instrucción de proceder al sobreseimiento y archivo de las actuaciones en la fase de instrucción, por no entenderse perpetrado el hecho denunciado, no es comprensible en lo que respecta a los delitos antes descritos. "Si bien es cierto que de la conversación no se puede vislumbrar ningún delito de amenazas, coacciones o vejaciones, no entendemos que sin embargo tenga que concluirse lo mismo de los delitos que, en principio y a la falta de la pertinente investigación, reconoce cometidos la propia denunciada".

"Sería, pues, necesario -ya que se denuncian hechos a priori constitutivos de infracción penal-, practicar algunas diligencias como, por ejemplo, las que desde el comienzo propuso la Unidad Orgánica de Polícía Judicial, Área de Delitos contra el Patrimonio, de la Guardia Civil, y que consisten en pedir informe a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Asociación Española de Banca y Confederación Española de Cajas de Ahorro, a Unespa y a la Agencia Tributaria, además, lógicamente, de tomar declaración judicial a la interesada", concluye Meneses en su auto de junio de 2016.