El alcalde portuense, Germán Beardo, y el ya exconcejal de Plaza de Toros, Álvaro González Rodríguez -que dimitió el pasado mes de septiembre- han sido citados a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 2 para esclarecer los indicios de prevaricación administrativa presuntamente cometidos, al denegar la cesión de la Plaza de Toros al empresario taurino José Montes para un evento que se iba a celebrar en el verano de 2020.

En declaraciones a Diario de Cádiz el empresario José Montes ha confirmado que recibió hace unos días el auto emitido por el juez, según el cual tanto el alcalde como el ya exconcejal deberán comparecer ante el Juzgado portuense para declarar en calidad de investigados el próximo 11 de enero de 2022.

Como se recordará, fue en el mes de febrero de este mismo año cuando el Juzgado Número dos abrió diligencias tras la denuncia presentada por el empresario taurino José Montes, titular de la empresa Promociones Artistas Culturales Guadalquivir.

El empresario aseguró haber solicitado el coso para celebrar una corrida de toros a finales de agosto de 2020, concediéndose ésta en un primer momento por parte del Ayuntamiento y denegándose después sin más explicaciones.

Desde el Ayuntamiento se defendió en su día que la Plaza Real nunca fue cedida a este empresario, que anunció a todos los medios taurinos de forma unilateral una corrida de toros programada para el 28 de agosto sin haber firmado ningún convenio con el Ayuntamiento ni haber recibido ninguna confirmación para ello.

¿Aplicará Ciudadanos su código ético?

Esta comparecencia de Beardo como investigado tras la querella de José Montes podría tener más importancia de la que en un primer momento pudiera parecer, ya que el Partido Popular mantiene un pacto de Gobierno con Ciudadanos, formación que lleva en su código ético la imposibilidad de llevar en sus listas a personas investigadas en los tribunales. Habrá que esperar para ver si este código ético se hace extensivo a los pactos de gobierno.

Ya a principios de este mandato municipal Ciudadanos presionó para que se cumpliera este código, forzando la salida del Gobierno del que era número dos del PP, Carmelo Navarro, tras conocerse en mayo de 2019 que el conocido empresario tendrá que comparecer como investigado en un juicio oral abierto por el Juzgado número 1 de El Puerto por unas supuestas irregularidades aprobadas por el consejo de administración, del que Carmelo Navarro formaba parte, en la empresa municipal de suelo y vivienda (Suvipuerto) entre los años 2005 y 2007, siendo alcalde Hernán Díaz Cortés.