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Investigación de la Junta

Denuncian ante el Tribunal de Cuentas a los jefes de David de la Encina en el CADE

  • Un informe de la Junta determina que el político socialista faltó 50 días a su trabajo sin justificarlo

David de la Encina, durante la última campaña electoral.

David de la Encina, durante la última campaña electoral. / Andrés Mora

Cuatro de los ex-responsables del Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) en el que trabajaba antes de las elecciones de 2015 el ex-alcalde de El Puerto, David de la Encina -hoy presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía y diputado provincial de Bienestar Social- han sido denunciados ante el Tribunal de Cuentas por el gobierno autonómico de Partido Popular y Ciudadanos. Se trata de la anterior directora de Andalucía Emprende, Vanessa Bernard; Santiago Ariza (director económico); Pablo Celada (director provincial) e Isabel Carmona, responsable de Recursos Humanos de la entidad.

La denuncia se produjo a raíz de la investigación abierta por la Junta de Andalucía sobre el supuesto absentismo laboral de De la Encina, que antes de las elecciones de 2015 solicitó por escrito a sus superiores seguir cobrando su sueldo sin ir a trabajar, para preparar la campaña electoral. En este informe se ha concluido que David de la Encina acumuló 50 faltas sin justificar a su trabajo, sin ser sancionado por ello ni dejar de percibir su sueldo íntegro.

Fuentes de la Junta han señalado a este medio que “nada más tener conocimiento del asunto, desde la Consejería de Empleo se procedió a instruir el procedimiento con todas las garantías, con la declaración de las personas implicadas y recabando toda la documentación oportuna. Se detectó que De la Encina tenía 50 días laborables sin justificar su asistencia, percibiendo por ello de forma indebida 7.000,53 euros. Sin embargo, se constató que la acción para poder reclamar al trabajador las cantidades pagadas indebidamente ha prescrito”.

El instructor del expediente concluyó tras las diligencias practicadas que “se podría haber producido no ya sólo el supuesto pago indebido, sino también una posible malversación en la administración de los fondos de la Junta de Andalucía”.

A la vista de estas conclusiones, se inició el procedimiento para reclamar los fondos públicos pagados indebidamente y que se determinen las responsabilidades pertinentes, proceso que inició la Consejería de Hacienda ante el Tribunal de Cuentas.

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