El número de rupturas matrimoniales ha descendido en la provincia de Cádiz, según el balance que publica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de manera periódica. Así, mientras que en los nueve primeros meses de 2016 se contabilizaron 1.254 divorcios y separaciones, en ese mismo periodo de 2015 dicha cifra alcanzó los 1.563. Esto es, la provincia ha registrado en los tres trimestres del año recién terminado 309 rupturas menos.

De esas 1.254 disoluciones matrimoniales entre gaditanos, 1.178 fueron divorcios no consensuados y 76, separaciones no consensuadas. De otra parte, el informe del CGPJ también recoge los divorcios consensuados en la provincia, 1.158, y las separaciones de mutuo acuerdo, 116. En total, 1.274, una cifra bastante similar a las disoluciones matrimoniales no acordadas.

En un análisis por trimestres, de enero a marzo se tramitaron en Cádiz 428 divorcios no consensuados y 438 consensuados; de abril a junio, 482 rupturas no consensuadas y 478 consensuadas; y de julio a septiembre, 344 disoluciones no acordadas y 358 acordadas. Es, por tanto, en el segundo trimestre del año cuando más parejas decidieron poner punto y final a su relación de manera formal.

Comparando los datos acumulados en los nueve primeros meses de 2016 respecto a ese mismo periodo del año anterior se observa que todas las rupturas, tanto divorcios como separaciones, consensuadas o no, han experimentado un importante descenso (véase el gráfico).

A la espera de conocer las cifras relativas a los tres últimos meses, y a la vista de la tendencia predominante durante el año, todo apunta a que 2016 cerrará las estadísticas matrimoniales con una caída en el número de rupturas.

En lo que a nulidades matrimoniales se refiere, en los nueve primeros meses de 2016 se produjeron tres, una en el primer trimestre y dos en el segundo trimestre. Es un dato llamativo teniendo en cuenta que en los últimos años apenas se han contabilizado. El incremento de nulidades se ha producido tras entrar en vigor el 8 de diciembre de 2015 de la reforma de los procesos de nulidad matrimonial que el papa Francisco estableció a través de la carta apostólica motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Una de las novedades que introducía la reforma papal era la puesta en marcha de un proceso más breve ante el obispo, que ejerce de juez por su autoridad, para una serie de supuestos en los que la nulidad se hace patente sin la necesidad del procedimiento ordinario.

La reforma del Derecho Procesal Canónico llevada a cabo por el papa Francisco persigue hacer más ágiles unos procesos que se extienden demasiado en el tiempo y que afectan a personas que se encuentran en una situación complicada.

No obstante, para que un caso pueda juzgarse por este procedimiento más rápido introducido por el Papa Francisco es imprescindible que existan una serie de testimonios o documentos que dejen claras las circunstancias y que ambas partes estén de acuerdo.