La Guardia Civil y la Inspección de Trabajo han incoado 23 expedientes por fraude a la Seguridad Social y contratación irregular en explotaciones agrícolas en la zona de La Algaida, en Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, en la provincia de Cádiz.

En una nota de prensa, la Guardia Civil explica que entre las personas que estaban trabajando ilegalmente había extranjeros en situación irregular en España, personas que no habían sido dadas de alta en la Seguridad Social y otras que trabajaban "en negro" para no perder las prestaciones sociales que recibían, en su mayoría por desempleo.

El operativo ha sido fruto de la firma del Convenio para la coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y en el marco de las actuaciones que se realizan dentro del Plan de Actuación de la Guardia Civil ante la Trata de Seres Humanos.

Se ha llevado a cabo para afrontar la "proliferación de empresarios que tendrían a su cargo a trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, y que quedarían en situación de desamparo ante cualquier problema sanitario, riesgo laboral o de posibles ayudas a percibir con posterioridad", según la Guardia Civil.

En una inspección realizada en varias empresas agrícolas de La Algaida los agentes han detectado 23 infracciones en materia laboral y fraude a la Seguridad Social. Además de estas infracciones se ha detenido a una persona por tenencia de arma prohibida, y se han formulado dos denuncias de caza, dos por tenencia de droga y tres por infracciones de Tráfico.

Estas 23 infracciones "muy graves" se detectaron entre las 165 identificaciones de empresarios, empresas y empleados que se realizaron en el operativo, en el que los agentes grabaron imágenes de cómo numerosos trabajadores al ver la llegada de los agentes, salían corriendo de los campos en los que estaban para huir en vehículos.

Los servicios de la Inspección de Trabajo formularán los expedientes sancionadores, que podrían llevar aparejados, además de sanciones pecuniarias para empresarios y trabajadores, la retirada de las prestaciones ilegalmente percibidas por fraude.

Estos fraudes provocan "una economía sumergida" que conlleva "un grave riesgo no sólo para los consumidores, sino también para la propia existencia de muchas empresas que respetan la legalidad y de las que dependen un número considerable de trabajadores".

La operación ha sido desarrollada por distintas especialidades de la Guardia Civil como SEPRONA, USECIC, Equipo Pegaso, además de los inspectores de trabajo.