La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, informó este martes a los alcaldes y alcaldesas de los municipios y Entidades Locales Autónomas (ELA) de la provincia sobre los planes puestos en marcha para hacer frente a las consecuencias sociales y para el empleo provocadas por la pandemia del Covid-19. “Se trata”, dijo la presidenta, “de una movilización sin precedentes de cerca de 26,7 millones de euros de recursos propios en estos dos últimos meses, lo que ha obligado a modificar distintas partidas del presupuesto de la Corporación además de invertir el 20% del superávit de 2019”.

Irene García convocó por videoconferencia al Consejo de Alcaldías, que reúne a los municipios con población inferior a los 20.000 habitantes y ELA y, posteriormente, también contactó por el mismo sistema con los municipios con mayor población.

La presidenta explicó que de los casi 31 millones que van a recibir los ayuntamientos durante este estado de alarma por la pandemia, más de 26 los va a aportar la Diputación, lo que implica casi un 85% los fondos públicos destinados a las localidades gaditanas. “Una vez más es la Diputación la que acude en ayuda de los ayuntamientos”, señaló Irene García, quien también informó tras las reuniones que los alcaldes y alcaldesas le han solicitado de manera unánime que haga “una solicitud, y por tanto, una exigencia a que el Gobierno andaluz ponga en marcha cuanto antes los planes de empleo que necesita esta provincia; los ayuntamientos desean que la Diputación traslade una voz única para que se pongan en marcha los mismos, que siempre han existido, y que de manera extraordinaria se activen otras medidas, como está haciendo la Diputación”.

La presidenta dijo que los representantes municipales le han pedido que solicite al Gobierno de España “que no haya más peaje a la hora del reparto de recursos a todos los ayuntamientos. Cuando se aprueben planes estatales, que sean directamente ejecutados por las entidades locales”.

La Diputación explicó que pone en marcha un Plan Especial de Empleo, con 10,2 millones de euros, para todos los municipios y ELA. También, con cargo al superávit, pone en funcionamiento otro plan denominado Invierte social post Covid-19, dotado con 3 millones. Asimismo ha puesto al día el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y Carreteras en sus anualidades de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, con la movilización de 6,7 millones para los ayuntamientos incluidos en estos planes. Irene García destacó, por otra parte, que la Diputación entrega el fondo estatal extraordinario recibido de 650.450,54 euros para los municipios de menos de 20.000 habitantes para que lo gestionen ellos.

El Plan Especial de Empleo, señala la Diputación, tiene la intención de poner en marcha un paquete de medidas económicas y sociales extraordinarias con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, que pretende satisfacer las demandas de los ciudadanos, mediante actuaciones que repercutan en el bienestar de la ciudadanía y en la mejora del empleo.

El plan se dirige a todos los municipios de la provincia, financiado totalmente por la Diputación, con el fin de desarrollar servicios de interés general en el ámbito municipal, en el marco de la conservación de bienes y funcionamiento y refuerzo de servicios de competencia municipal, con carácter general, necesarias, urgentes e inaplazables y a la red general de infraestructuras, equipamientos y dotaciones de espacios públicos municipales, urgentes e inaplazables. De los más de 10,2 millones, dos se asignarán a municipios de menos de 20.000 habitantes y ELA y 8,2, a municipios mayores de la citada población.

Este plan se gestionará a través del Área de Empleo y se llevará a cabo entre el 1 de junio de este año hasta el 30 de septiembre de 2021.

Con los 3 millones de euros del plan Invierte social post-Covid-19 se podrán financiar gastos llevados a cabo por la entidad local para desarrollar la asistencia social primaria, como es la promoción de la igualdad de género, promoción y reinserción social de colectivos desfavorecidos o especialmente vulnerables, así como para la gestión de los servicios sociales; a la prestación de servicios a personas dependientes y de asistencia social, residencias de ancianos y otros de naturaleza análoga; a la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.