España asegura que la pasividad del Peñón favorece estas prácticas

El Gobierno español acusó ayer al Ejecutivo de Gibraltar de amparar con su "inacción" a las bandas criminales que controlan el negocio del contrabando de tabaco. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas reaccionó así al informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

En un comunicado, Hacienda subrayó que el informe de la OLAF "viene a dar la razón a la política del Gobierno y más en concreto de la Agencia Tributaria, en su labor de luchar contra el fraude y la economía sumergida", al tiempo que "pone de manifiesto la repercusión económica que un fenómeno de tal envergadura puede tener" para España y para la UE.

Hacienda remarcó que, de forma paralela al aumento de las importaciones de tabaco por parte de Gibraltar, España ha aumentado las aprehensiones de cigarrillos. Frente a la lucha contra este fenómeno puesta en marcha por el Gobierno español, el ministerio cargó contra la pasividad del Ejecutivo gibraltareño. Este contrabando, alertó en su comunicado, lo controlan "organizaciones criminales que obtienen una importante financiación y que quedan amparados por la inacción del Gobierno gibraltareño que conoce y permite la existencia de significativos volúmenes de importación de tabaco en una colonia de apenas 29.000 habitantes sin que se adopten medidas significativas para su control".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, subrayó que, para España, la lucha contra el contrabando de tabaco en Gibraltar "no es una opción, es un deber, una obligación" que se cumplirá mejor si hay colaboración y cooperación por parte de Reino Unido.

El jefe de la diplomacia española se mostró dispuesto "desde este mismo momento" a aceptar la fórmula que planteó en 2013 el entonces responsable de Exteriores británico, William Hague, de crear grupos de trabajo ad hoc de estudio, diálogo y colaboración.

En este caso, además de la problemática sobre el contrabando y el blanqueo, Margallo es partidario de abordar otro "contencioso pendiente", como la distorsión que provoca el régimen fiscal del Peñón, con un impuesto de sociedades del 10%, un tratamiento del juego más bajo que el de España y Reino Unido y un modelo que "facilita enormemente la ocultación de los titulares de sociedades".

A juicio del responsable de Exteriores, en este grupo de trabajo sólo tendrían que colaborar España y Reino Unido, pues la lucha contra el contrabando y el blanqueo de capitales sólo compete a los dos países, si bien en otros casos "probablemente" habría que implicar a las autoridades competentes de España y de Gibraltar.

El Gobierno del Peñón se pronunció a través de un comunicado. El Ejecutivo gibraltareño resaltó que el informe de la OLAF pone el foco en las deficiencias de la legislación española para dar respuesta al contrabando de tabaco y en las dificultades económicas que prevalecen en Andalucía como los problemas clave que han causado la proliferación del contrabando de tabaco desde 2010. Y además que "señala situaciones que podrían constituir delitos criminales en el territorio español relativas al contrabando y al potencial de blanqueo de capitales". Es decir, según Gibraltar, que el documento también apunta a tales prácticas en España, pero, dijo, eso no lo difunde el Gobierno.

Por el contrario, enfatizó que el Gobierno de Gibraltar "ya ha enmendado su legislación para hacerla mucho más estricta con el objetivo de persuadir a aquellas personas que quebrantan la ley". Al hilo, invitó a España a que "permita que sus fuerzas del orden cooperen con las de Gibraltar".

Fabian Picardo, ministro principal, declaró que no se puede aceptar que España use el informe de la OLAF para justificar las "desproporcionadas" colas, que en realidad responden a "motivos políticos".