Provincia de Cádiz

Falta documentación sobre la extracción de arena de la duna

  • El alcalde de Tarifa denuncia que no aparecen algunas facturas y contratos.

El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, confirmó ayer que el Ayuntamiento ha remitido la documentación que ha encontrado sobre la extracción de arena de la duna de Valdevaqueros, tras el requerimiento urgente del Juzgado de Instrucción nº3 de Algeciras, que instruye diligencias previas en relación a su posible venta.

El primer edil indicó que el Juzgado solicitaba copias de los contratos realizados con las empresas, si bien añadió que no ha sido posible trasladar todos los documentos porque no se han encontrado. "Teníamos una carpeta archivada en Alcaldía pero no ha aparecido, desapareció cuando se fue Juan Andrés Gil y hemos reconstruido algunos documentos que se encontraban en Intervención", añadió Ruiz, quien informó que se han encontrado dos decretos, uno de adjudicación de los trabajos y otro de derogación a la empresa Carmin. Además, un documento en el que esta mercantil solicitaba que se le abonaran los trabajos, pero no se ha encontrado la factura al respecto.

Igualmente, el Ayuntamiento de Tarifa ha remitido otro decreto de ejecución urgente a la empresa Gades Gestión de Infraestructuras S. L. El primer edil consideró que este tema no está lo "suficientemente claro". "En el expediente falta documentación que no aparece, no se sabe si se abonaron los trabajos o no, queda abierto. No ha habido una fiscalización al respecto, todo es muy extraño y creemos que el Juzgado debe investigarlo", añadió.

La posible venta de la arena extraída de la duna de Valdevaqueros se produjo durante los años 2012 y 2013, lo que podría ser constitutivo de delitos de hurto o apropiación indebida y de falsedad documental.

Verdemar-Ecologistas en Acción denunció en julio de 2013 "al Ayuntamiento de Tarifa y otros" ante la Fiscalía General del Estado por el posible hurto agravado de la arena extraída de la duna de Valdevaqueros, que habría acabado vendiéndose a empresas que gestionan campos de golf y polo de la provincia gaditana, así como a empresas de Gibraltar para su uso en la regeneración de playas del Peñón.

La Fiscalía observó indicios de un posible delito de hurto o apropiación indebida y de falsedad documental, al haberse acreditado la venta de la arena extraída, pudiendo falsearse la documentación.

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