A dos años de unas nuevas elecciones municipales

Media legislatura tras la mascarilla

  • La gestión de la pandemia supedita casi toda la actividad política en unos ayuntamientos que empiezan a mirar ya a las municipales de 2023

El alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, delante de la residencia de ancianos de su pueblo en la que se cebó el Covid.

El alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, delante de la residencia de ancianos de su pueblo en la que se cebó el Covid. / Ramón Aguilar

Es verdad, el titular de esta información es incorrecto, porque en los ayuntamientos no hay legislaturas. Ese término queda reservado, como su propio nombre indica, a las cámaras legislativas, o, lo que es lo mismo, a aquellas instituciones donde se aprueban leyes. Eso sucede, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Parlamento de Andalucía y las diferentes cámaras autonómicas. Pero en los ayuntamientos, al igual que en las diputaciones, al periodo que transcurre entre unas elecciones y otras se les suele llamar mandato corporativo. Y es un mandato porque los ciudadanos eligen en las urnas a unos representantes locales a los que encomiendan y/o mandan que desarrollen sus ciudades, que las arreglen y las dinamicen durante cuatro años.

Sin embargo, en los últimos dos años en los ayuntamientos gaditanos ha habido muy poco de ese mandato. Ha sido imposible. La pandemia del Covid-19, que irrumpió cuando las nuevas corporaciones locales apenas llevaban funcionando ocho meses, lo ha sepultado todo. Cualquier proyecto de futuro, cualquier obra, cualquier plan de inversión... todo pasó a un segundo, tercer o incluso cuarto plano porque el objetivo había cambiado. Se trataba ya de salvar las vidas de los vecinos, y no fueron pocos los alcaldes que, al implicarse de lleno en esta tarea, hasta terminaron contagiándose, como le sucedió por ejemplo al regidor de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera.

De esta manera lo que debía ser un nuevo mandato se convertía de la noche a la mañana en una especie de legislatura porque toda ley superior o toda norma o decreto a aplicar buscaba que los ayuntamientos garantizaran en primer lugar la seguridad de sus convecinos y posteriormente auxiliaran a aquellas familias, negocios o empresas a los que la crisis sanitaria arrastraba a una crisis económica de difícil resolución. Y en estas tareas siguen enfrascados aún nuestros ayuntamientos cuando este mandato corporativo, o esta legislatura de vida, cumple ya dos años detrás de una mascarilla.

Cuando se llega a mitad del camino siempre es un buen momento para hacer un balance. Y eso se hace mucho en política local, donde los ayuntamientos llegan ya al paso del ecuador. Será el próximo miércoles cuando se cumplan dos años desde la celebración de las últimas elecciones municipales, que tuvieron lugar el domingo 26 de mayo de 2019. Es decir, que, si como de una carrera infantil se tratara, los 45 ayuntamientos de la provincia de Cádiz están a apenas tres días de tocar la pared e iniciar el camino de regreso, ese que les volverá a poner ante las urnas para ser puntuados por la ciudadanía con sus votos.

Lo que sucede es que el balance que puede hacerse en esta ocasión en nada se puede parecer al de los mandatos anteriores. Todo ha estado marcado por la pandemia. Y la lucha contra el virus parece haberse convertido en un pilar que ha terminado por apuntalar a todos los gobiernos locales, sean del color que sean. Y el mayor ejemplo de esto es que no se atisba ningún intento de desestabilización de alcaldes o gobiernos municipales en toda la geografía provincial. Y, extrañamente, en estos dos años no es que no se haya presentado ni una moción de censura para propiciar un relevo de alcalde. Es que esa opción ni siquiera se ha planteado en estos 24 meses. Y si se ha rumoreado en algún sitio, ha sido con la boca pequeña.

Es como si la pandemia hubiese borrado de un plumazo el más mínimo interés por montar una guerra política en los ayuntamientos, como si todas las oposiciones municipales, sean del color que sean, se hubieran puesto de acuerdo en que no era tiempo de disputas, sino de arrimar el hombro, y que ya habrá tiempo para eso, que quedan 24 meses por delante para llegar a otra contienda electoral.

Hay un dato muy curioso que viene a confirmar esta 'paz municipal'. De los 11 pactos de gobierno que se conformaron en la provincia de Cádiz después de las elecciones municipales de mayo de 2019 (12 si se contabiliza también el de la Diputación), sólo en uno se produjo una ruptura... y tampoco tuvo excesiva relevancia. Aquello sucedió el año pasado en Chiclana, donde el alcalde, José María Román, destituía de sus responsabilidades de gobierno a su socio del partido Ganemos, Adrián Sánchez, después de que ésté fuera sorprendido de madrugada en un coche con varios amigos saltándose el toque de queda. Pero aquella decisión tan drástica no tuvo repercusiones en la gobernabilidad de la localidad chiclanera porque, pese a que el gobierno PSOE-IU perdía ahí la mayoría absoluta, Román sabía que la moción de censura era un imposible teniendo en la oposición a concejales de Podemos por un lado y de Vox por otro.

La estabilidad de los pactos de gobierno es tal que las fisuras que pueda haber, si las hay, son prácticamente imperceptibles. Porque parecen muy sólidas esas 12 alianzas vigentes, entre las que hay tres acuerdos entre el PP y Ciudadanos (Algeciras, El Puerto y Benaocaz), dos entre PSOE y Cs (San Fernando y Sanlúcar), los dos en vigor con PSOE e IU como socios (Chiclana y Benalup-Casas Viejas), el que tiene Andalucía por Sí (AxSí) con el PP en Paterna de Rivera o el que socialistas y andalucistas mantienen en pie en Puerto Real y que, a priori, era el que más dificultades podía tener para lograr ensamblarlo. Los tres pactos restantes, y que a día de hoy parecen funcionar igualmente a la perfección, tienen a las formaciones independientes como protagonistas. Eso sucede en Chipiona con UxCh (el partido de Aparcero) y el PSOE; en Los Barrios, con la alianza entre LB 100x100 y el PP; y en la Diputación gaditana, donde el PSOE gobierna con tremenda comodidad gracias a su pacto con La Línea 100x100.

A diferencia de lo que sucedía en mandatos anteriores, en los que la amenaza de una moción de censura se convertía en una espada de Damocles que perseguía a algunos alcaldes durante cuatro años, esto no sucede en este periodo abierto tras los comicios locales de 2019. Y es que, con mayor o menor garantía, los 11 alcaldes gaditanos que gobiernan actualmente en minoría no ven peligro alguno de ser derrocados. Al carecer de mayoría absoluta se ven obligados a llegar a acuerdos con uno o con varios grupos de la oposición, pero siempre con la tranquilidad de ver que su puesto no peligra. Esta tranquilidad es visible por ejemplo en las alcaldías de ciudades importantes como Cádiz, Jerez, San Fernando, El Puerto o Chiclana, pero también en las de municipios medianos o pequeños como Los Barrios, Conil, Chipiona, Tarifa, Medina Sidonia u Olvera. Hasta se han dado casos muy curiosos en los que, al albur de la lucha contra la pandemia, el primer partido de la oposición ha terminado siendo pieza clave para que saliera adelante un presupuesto municipal de emergencia, como pasó por ejemplo con la alianza inesperada entre IU y PSOE en Medina Sidonia pese a ser, de calle, las dos fuerzas más votadas en esta localidad jandeña.

El balance de estos dos años en los ayuntamientos deja un único relevo de alcalde, aunque ello tuvo lugar antes del estallido del coronavirus. Ese cambio se localizó en Vejer, donde José Ortiz (PP) renunció a la Alcaldía para centrarse en sus nuevas obligaciones como diputado nacional. Lolo Flor fue su sustituto.

En cuanto a regidores acosados por la Justicia hay dos casos que han dado mucho que hablar desde las últimas elecciones municipales. Uno de ellos es el del regidor de Espera, Pedro Romero (IU), que después de 18 años en el cargo ha visto cómo la Audiencia Provincial de Cádiz le condenaba a cuatro meses y medio de inhabilitación por el desmontaje de una chatarrería. La presentación de un recurso ante el TSJA permite a Romero mantenerse de momento en la Alcaldía. Pero es que, además, el regidor espereño debe hacer frente a un segundo caso en el que la Fiscalía pide que le condenen a 11 años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación al realizar supuestamente tres contratos ilegales en este Ayuntamiento serrano.

En una situación similar se encuentra el alcalde de San José del Valle, Antonio González Carretero (PSOE), a quien el TSJA condenó el año pasado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación que cometió al no querer derribar, ni multar siquiera, una construcción ilegal en su municipio. El regidor vallense recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo, que en breve debe ratificar o modificar el fallo anterior. Y de ello dependerá que haya o no un relevo en la Alcaldía.

Curiosamente, en San José del Valle se vivió uno de los casos más curiosos de este mandato en los ayuntamientos gaditanos, ya que el alcalde destituyó a dos de sus concejalas socialistas tras denunciarlas por un supuesto caso de coacciones. Esos ceses tampoco alteraron la gobernabilidad en el municipio vallense donde, al igual que sucede en otros 27 ayuntamientos de la provincia, el regidor disfruta de una cómoda mayoría absoluta.

Por lo demás el balance de estos dos años deja, como otras veces, una ristra de concejales que han abandonado sus partidos para figurar ahora como concejales no adscritos. Los casos más llamativos fueron los de Domingo Villero (ex de Ciudadanos) en Cádiz, el de otro concejal disidente del partido naranja en Chipiona, y los tres ediles de Vox que renegaron de este partido en los ayuntamientos de Algeciras, Chiclana y Sanlúcar. Curiosamente el partido que lidera Santiago Abascal continúa sin tener un solo concejal con responsabilidades de gobierno en toda la provincia.

También ha tenido su relevancia la división habida en las filas de Podemos y que se ha notado en varios ayuntamientos, siendo los casos más llamativos los de Cádiz y Puerto Real. En el gobierno de la capital gaditana, por ejemplo, confluyen concejales de Anticapitalistas, IU e independientes, pero nadie de Podemos. Y en la localidad puertorrealeña el ex alcalde Antonio Romero dejó la política tras la escisión habida en la formación morada.

Las nuevas elecciones municipales siguen muy lejos. Se celebrarán en mayo o junio de 2023. Y en política es un error mayúsculo mirar tan lejos. Lo que sí se puede hacer es elucubrar sobre lo que puede pasar en estos dos años o sobre qué candidatos y qué partidos concurrirán a esos comicios locales. ¿Repetirá Kichi en Cádiz? ¿Qué otros alcaldes gaditanos darán carpetazo a su actividad política? ¿Se mantendrá la alianza de IU y Podemos que hace dos años cuajó sólo en media provincia? ¿Hasta dónde llegará el supuesto descalabro de Ciudadanos?

Las preguntas empiezan a aflorar y sus respuestas se irán conociendo en los 24 meses que restan. Un tiempo en el que, ojalá, desaparezcan las marcas que nos está dejando la mascarilla.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios