El Plan de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz se somete a información pública después de que se haya publicado su resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ofrece ahora un plazo de 45 días contados a partir de este jueves para formular alegaciones al plan, que tiene como principal objetivo aumentar el uso del transporte público, fomentar la intermodalidad y reducir gases contaminantes de cara al año 2030.

Este plan define la hoja de ruta para satisfacer las necesidades de movilidad del área metropolitana, como resultado de un estudio minucioso en una veintena de municipios de la provincia de Cádiz. Debido a su importante actividad turística, se han elaborado de manera previa dos diagnósticos: en invierno y en verano.

El escenario propuesto en el plan incluye actuaciones con un coste de 189 millones de euros y contempla un incremento del 43% en la demanda de transporte público, que sería del 22% en el caso de los modos no motorizados. Además, se ha calculado una disminución de los gases de efecto invernadero del 10%.

El documento del Plan de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz recoge 79 actuaciones, entre ellas la construcción de plataformas reservadas de transporte público en el Puente de la Constitución, el puente de Carranza en Cádiz, los accesos a Jerez de la Frontera o El Puerto de Santa María; el refuerzo de los autobuses metropolitanos; nuevos servicios de transporte a la demanda; mejora y ampliación de las conexiones ciclistas; y el desarrollo de intercambiadores de transportes.

El plan propone igualmente la integración de dos municipios, Barbate y Vejer de la Frontera, en el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, que ya cuenta con 12 municipios: Cádiz, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, Puerto Real, El Puerto de Santa María, San Fernando, Rota, Arcos de la Frontera, Medina-Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Conil de la Frontera.

Para la elaboración del plan se ha contado con el asesoramiento del Departamento de Evaluación de Políticas Públicas del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) y del equipo de Jaspers, perteneciente al Banco Europeo de Inversiones y que asesora a la Comisión Europea en materia de planificación de infraestructuras y servicios relacionados con la movilidad y el transporte. Asimismo, se han mantenido reuniones de trabajo con organismos en las tres escalas (estatal, autonómico y local) destacando

aquellas en las que se han consensuado los procedimientos de mitigación y adaptación al cambio climático, la evaluación ambiental estratégica y de impacto en la salud.